Los procuradores del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León por Salamanca, Salvador Cruz y Concepción Miguélez, han presentado este martes en rueda de prensa las medidas para la conciliación de la vida personal y familiar y eliminar la brecha salarial.
Se trata de un proyecto de ley pionero en España, fruto del acuerdo entre la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales. El procurador destacaba que supone un “avance importante en el desarrollo del Estado de bienestar”, ya que está adaptado a las condiciones del territorio, dando prioridad al mundo rural y fomentando la natalidad y evitar la despoblación.
El trámite del proyecto está a falta de la presentación de enmiendas por parte del resto de grupos para “mejorar el texto”. Salvador Cruz consideraba que el texto se podrá aprobar sin problema antes de final de año.
Se trata de un total de 86 medidas concretas para las que se han destinado un total de 121,5 millones de euros anuales, de los que 12 serán para la provincia de Salamanca. De esas 86 medidas, 51 serán para la conciliación, 23 para la brecha salarial y 12 serán de carácter transversal.
Medidas para la conciliación
Se prevén subvenciones "para el desarrollo de actuaciones y programas que faciliten la conciliación personal familiar y laboral y la igualdad de oportunidades", afirman. Así, se contemplan aquellas destinadas a compensar la disminución de ingresos por reducción de la jornada laboral; o a empresas que ofrezcan flexibilidad horaria o contraten a personas desempleadas para sustituciones por la reducción de la jornada u otras situaciones relacionadas con la maternidad.
Por otro lado, se realizarán también deducciones fiscales del tramo autonómico del IRPF vinculadas a la conciliación y destinadas al fomento del uso del permiso de maternidad cedido por la madre al otro progenitor y el apoyo al cuidado de menores hasta los cuatro años de edad por gastos derivados de su atención en escuelas o similares.
Se incentivará, por otro lado, según recoge la Junta, el uso equilibrado de los permisos, con horarios racionales y flexibilización horaria y acceso al teletrabajo en el empleo público, mientras que en el terreno educativo se desarrollará la ampliación de los horarios de apertura y cierre, así como diferentes programas vacacionales y la creación de centros infantiles de hasta tres años en el ámbito rural y otros centros de educación especial los días laborables no lectivos y vacaciones de verano.
En materia de Servicios Sociales, se procurará que la red de centros de día o residenciales y de distintos programas de atención sean flexibles a las necesidades de conciliación; la implantación de programas dirigidos a la formación y al descanso de la persona cuidadora; actividades de ocio o el impulso a las funciones de conciliación dentro de la prestación de la asistencia personal o el desarrollo de programas de atención a menores, personas dependientes y personas con discapacidad que cubran la necesidad de atención en situaciones puntuales, entre otras.
Además, se implantará la innovación en la evaluación de nuevas formas en el cuidado de personas y nuevas metodologías como formas de trabajo o la racionalización de horarios.
Mientras, en el sector privado, se promoverá que las empresas realicen actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal y familiar, así como su corresponsabilidad. Entre ellas destacan el hecho de que se tenga en cuenta como prácticas de gestión de recursos humanos la vida personal y familiar de las personas trabajadoras o el impulso a planes de igualdad.
Por otro lado, se buscará la aplicación de horarios flexibles, la promoción del teletrabajo o el fomento entre los criterios de valoración en las subvenciones de la adopción de medidas de igualdad de oportunidades.
Medidas para la eliminación de la brecha salarial
Se fomentarán otras medidas que promuevan la igualdad y se incentivará a empresas que transformen los contratos de mujeres a tiempo parcial a tiempo completo, así como se promoverá la representación equilibrada entre hombres y mujeres en los distintos órganos directivos y en la toma de decisiones y se desarrollarán programas específicos para mejorar la empleabilidad de mujeres con especiales dificultades o que pertenezcan a grupos vulnerables.
Mientras, en el sector privado, se promoverá la igualdad con sistemas de acceso de promoción no discriminatorios y el impulso de las mujeres en los puestos de responsabilidad y de dirección, así como a favorecer a las personas trabajadoras la conciliación incluso en aquellas que, por el número de trabajadores, no tengan que negociarlo.
Además, la Administración de la Comunidad impulsará, en coordinación con la Administración General del Estado, que se lleve a cabo la supervisión e inspección dirigida a verificar el cumplimiento de la normativa en materia de planes de igualdad y eliminación de la brecha salarial.
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