Las negociaciones para equiparar los permisos de paternidad y maternidad comenzarán "de manera inminente"

Las negociaciones para equiparar los permisos de paternidad y maternidad comenzarán "de manera inminente"

Se aprobó en el Congreso una proposición no de ley para que ambos pudieran disfrutar de 16 semanas. Las negociaciones para ello comenzarán en este octubre. CSIF pide, además, la equiparación salarial o la aplicación de la jornada laboral de 35 horas

El Ministerio de Política Territorial y de Función Pública ha ofrecido equiparar el permiso de paternidad y maternidad en la Administración General del Estado en 16 semanas, como punto de partida para las negociaciones que, de manera inminente, comenzarán en octubre.

Estas negociaciones nacen de una proposición no de ley presentada el pasado junio por Unidos Podemos en en el Congreso de los Diputados, que fue aprobado por unanimidad junto al derecho a la prestación del 100% de la base reguladora. 

En concreto, el reparto de los permitos propuesta era el de uno unicial de dos semanas que deberán coger ambos al mismo tiempo. A partir de la tercera semana, sin embargo, se podrá realizar solo por uno de ellos, de las que, eso sí, cuatro serán obligatorias a tiempo completo y las restantes son voluntarias y pueden realizarse a tiempo parcial. 

En esta propuesta, que deberá ser negociada, y cuyos plazos todavía se desconocen, el sindicato CSIF recuerda que ya el pasado verano se alcanzó un acuerdo de estas características con la Junta de Andalucía. 

Además, aprovechan para recordar que se ha trasladado la necesidad de otras medidas como la bolsa de horas recuperables, la necesidad de aplicar la jornada laboral de 35 horas o el desarrollo del teletrabajo. 



De esta manera, se exige al Gobierno la entrada en vigor de la subida salarial en el mes de enero ante la incertidumbre de los próximos Presupuestos Generales del Estado y "se hace preciso aplicar ya los fondos adicionales comprometidos para avanzar hacia la equiparación salarial de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas y garantizar un salario mínimo de 1.200 euros". 


Asimismo, y en material salarial, se reclama la devolución de la estructura previa al recorte que realizó el Gobierno de Zapatero en 2010 sobre las nóminas de los empleados públicos. 

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