La organización del trabajo de los funcionarios de la Administración de la Comunidad se sustenta sobre las relaciones de puestos de trabajo (RPT), que no se modificaban desde hace más de 20 años. Hoy, el Consejo de Gobierno ha procedido a modernizarlas, cumpliendo así uno de los grandes objetivos del acuerdo firmado con los sindicatos en octubre de 2015, donde se marcaban las líneas de trabajo para la presente legislatura.
Con las nuevas RPT se avanza en varias líneas de actuación, según recoge la propia Junta:
La Administración de la Comunidad estará menos compartimentada, por lo que tendrá más capacidad de respuesta y flexibilidad. La organización tradicional en «servicios», «secciones» y «negociados» compartimentaba a los empleados públicos en pequeñas estructuras, presuponiendo que el volumen de trabajo sería constante para todas ellas, lo que no es así. Durante la crisis, por ejemplo, las estructuras que atienden a los demandantes de empleo, o a los solicitantes de renta garantizada de ciudadanía, vieron aumentar de manera exponencial su volumen de trabajo, mientras en otros departamentos se daba el proceso contrario. Esa excesiva compartimentación dificultaba que los empleados con menor carga de trabajo pasaran a prestar sus servicios en aquellos departamentos, dentro de su misma Dirección General o Servicio Territorial, con mayor carga de trabajo. Las nuevas RPT permitirán atender este tipo de situaciones y así prestar un mejor servicio al ciudadano, al ganar los empleados públicos en polivalencia, dentro siempre de las funciones atribuidas a su Cuerpo o Escala.
Los nuevos perfiles profesionales se ajustan mejor a las necesidades actuales. Desaparecen figuras que habían quedado obsoletas, como los «calculistas» o los «empleados de silos», y se reduce el número de auxiliares, pues en estos 20 años la administración ha dado el salto de la máquina de escribir a gestionar la mayor parte de los procedimientos mediante programas informáticos que multiplican la capacidad de cada empleado público. En otras profesiones, en cambio, crece el número de plazas. Es el caso de los empleados de Cuerpos económico-financieros, que fiscalizan las cuentas de la Administración, y también de los trabajadores sociales, los licenciados y graduados en derecho o los inspectores de consumo.
Las nuevas relaciones permiten adecuar mejor retribuciones y funciones, al adecuarse al «Catálogo de Puestos Tipo». Hasta la fecha, empleados con funciones similares podían tener retribuciones diferentes, al haberse aprobado las relaciones de puestos de trabajo en momentos distintos y sin la necesaria homogeneidad. Así, aquellos puestos creados más recientemente tenían, en general, mejores retribuciones que los creados hace 20 años. Acabar con esta situación, de modo que los puestos con funciones similares se retribuyan por igual, era el objetivo esencial del «Catálogo de Puestos Tipo», un moderno instrumento de ordenación que fue pactado con los principales sindicatos en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos en julio de 2017. Las nuevas RPT nacen ajustadas al citado catálogo.
Se introducen mejoras retributivas en 1.460 puestos de trabajo. En cumplimiento de los acuerdos suscritos con los sindicatos, se mejoran las plazas que menos retribuciones percibían de cada uno de los Cuerpos o Escalas; se mejoran, asimismo, las plazas de los Jefes de Servicio Territorial, para equipararlas a la retribución de los Jefes de Servicio de los Servicios Centrales, y se mejoran las plazas del personal auxiliar que en las Secciones Agrarias Comarcales estaban realizando funciones de registro, permitiendo a los habitantes del medio rural dirigir sus solicitudes a cualquier administración pública. Estas mejoras afectan a un total de 1.460 puestos de los 16.800 existentes, y suponen un coste anual de 1,7 millones de euros. La adaptación de las RPT al catálogo sólo supone reducciones de retribuciones, en cambio, para 184 puestos, si bien los empleados titulares de estos no verán minorado su salario, puesto que la modificación de la plaza no se hará efectiva hasta que los titulares abandonen las plazas, ya sea por concurso voluntario (para pasar a ocupar otra plaza) o por jubilación.
Se reduce la libre designación. Atendiendo al acuerdo suscrito con los sindicatos, se reducen en 371 las plazas cuyo sistema de provisión es la libre designación, para pasar a cubrirse por el sistema de concurso (donde solo se valora la antigüedad o la carrera profesional). Serán de libre designación fundamentalmente los puestos de Jefe de Servicio o Secretarías de alto cargo, los cuales se cubren por empleados públicos tras publicarse la oferta de la plaza, presentarse los aspirantes, instruirse el procedimiento de selección, resolverse este de forma motivada y adjudicarse públicamente, en el BOCyL, dándose a conocer el nombre del empleado público que va a desempeñar el puesto.
También se reduce el número de plazas de concurso específico. De los 1.348 puestos de concurso específico (plazas que exigen conocimientos especializados a los funcionarios que desean acceder a ellas), 615 pasan a cubrirse por concurso ordinario.
Como consecuencia de estos cambios, aumentan las plazas a cubrir mediante concurso ordinario, que pasan de 13.097 a 14.756. En el concurso ordinario sólo se tienen en cuenta criterios objetivos como la antigüedad, la permanencia en el puesto o el grado personal, sin valorarse para su acceso conocimientos específicos en una materia.
Por último, las nuevas relaciones de puestos de trabajo incluyen los nuevos requisitos legales que se exigen para algunas plazas. Es el caso de los puestos que implican trato con menores, donde se exige de estar en posesión del certificado negativo del registro de delincuentes sexuales, o de la exigencia del Máster en Formación del Profesorado para los profesores de las escuelas de capacitación agraria.
Las nuevas RPT entrarán en vigor el próximo 1 de octubre y sus modificaciones van a suponer un coste, en los presupuestos de 2018, de 425.000 euros. Cuando tengan impacto en un año completo, supondrán 1,7 millones de euros anuales.
La aprobación de las relaciones de puestos de trabajo supone llegar casi al final de un proceso que se inició en el año 2015, tras la firma del acuerdo de octubre de ese mismo año con los tres grandes sindicatos de la Función Pública; un proceso largo, dirigido a modernizar la Función Pública para prestar un mejor servicio al ciudadano.
En 2015 se modificó la Ley de la Función Pública; en 2016 se aprobó el Decreto 33/2016 sobre elaboración de estructuras orgánicas y relaciones de puestos de trabajo; a finales de 2016 se aprobaron las órdenes de estructura de las Consejerías y Organismos Autónomos, se modificó el Decreto de estructura de las Delegaciones Territoriales, y las órdenes de estructura de los Servicios Territoriales.
En enero de 2017 se inició un intenso proceso negociador que concluyó con la aprobación, en el mes de julio, del Catálogo de Puestos Tipo, acordado con los principales sindicatos de la Función Pública: CSIF, UGT, CCOO, FSES.
Tras la aprobación del catálogo, se elaboraron las relaciones de puestos de trabajo por parte de todos los departamentos de la Junta, y se han negociado durante los meses de junio y julio en la Mesa General de Negociación. Paralelamente se ha negociado y aprobado el Decreto que regula el concurso abierto y permanente, publicado el lunes pasado en el BOCyL.
Con la aprobación de estas relaciones de puestos de trabajo se moderniza la plantilla de la Junta de Castilla y León y se da un paso previo esencial para hacer posible la convocatoria del concurso abierto y permanente, una demanda histórica de los funcionarios. Dicho concurso ya está implantado, desde hace tiempo, para el personal laboral de la Junta de Castilla y León, con muy buenos resultados. En la actualidad se están negociando las bases de ese concurso en la Mesa General de los Empleados Públicos.
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