El consejero de Empleo ha clausurado el II Foro Inserta Responsable, organizado por Inserta Empleo de la Fundación ONCE. Con el título ‘La Empresa Inclusiva: escenario actual de rentabilidad y diversidad’, ha debatido, en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), sobre la necesidad de incrementar la incorporación de personas con discapacidad en las empresas ordinarias y en actual situación de rentabilidad y diversidad de estas compañías inclusivas que incorporan a trabajadores con discapacidad que suponen un importante factor de competitividad para la actividad empresarial.
Incorporación de trabajadores con discapacidad
El consejero de Empleo ha trasladado la necesidad de que las empresas abran sus puertas a la contratación de las personas con discapacidad; “se trata de trabajadores con un sólido compromiso en el trabajo, capaces de desarrollarlo con eficacia, aportan rentabilidad y reputación a la empresa y hacen una sociedad mejor. La contratación de un trabajador con discapacidad no es un coste, es una oportunidad”, ha destacado Fernández Carriedo.
Para ello, la Consejería de Empleo tiene líneas de apoyo para la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad en la empresa ordinaria, así como para fomentar el empleo con apoyo de estos trabajadores en el mercado ordinario.
La legislación española establece una cuota de reserva del 2% de empleo con discapacidad en la empresa privada con 50 o más trabajadores. En el caso de la empresa pública, el Estado fija esta cuota de reserva para el empleo con discapacidad en un mínimo del 7% de la oferta pública. Por su parte, la Junta de Castilla y León incrementa esta cuota de reserva para trabajadores con discapacidad hasta un mínimo del 10 % para trabajadores con discapacidad intelectual igual o superior al 33% y discapacidad física y sensorial igual o superior al 66%.
30 millones para integrar a 9.000 trabajadores
La Consejería de Empleo ha incrementado la inversión un 5,4% hasta los casi 30 millones de euros para impulsar en 2018 el trabajo de 9.000 trabajadores con discapacidad y en riesgo de exclusión social, tanto en CEE, en Empresas de Inserción (EI) y empresa ordinaria, como en la contratación de trabajadores con discapacidad a través del Plan de Empleo Local en los ayuntamientos y diputaciones provinciales de la Comunidad a jornada completa por un periodo de 90 días. En 2017 se invirtieron 28,7 millones de euros que beneficiaron directamente a 8.800 trabajadores con discapacidad y en riesgo de exclusión.
En concreto, en 2018 se invierten 24 millones de euros desde la Dirección General de Economía Social y Autónomos en distintas líneas de financiación a CEE, EI y empresas del mercado ordinario para el empleo con discapacidad y en riesgo de exclusión social.
Asimismo, y dentro de las líneas de contratación del Plan de Empleo Local, se realiza una inversión adicional, a través del Servicio Público de Empleo de la Comunidad (ECYL) para la contratación de 1.100 trabajadores con discapacidad. Para ello se ha incrementado hasta los 5,6 millones de euros en este ejercicio la inversión para contratar a estos trabajadores a jornada completa por un periodo de 90 días, a través de los ayuntamientos y diputaciones provinciales de la Comunidad, para la realización de obras y servicios de interés general.
Objetivos alcanzados
Según destaca la Junta de Castilla y León, las inversiones han posibilitado el alcance de cinco nuevos objetivos en el ámbito del impulso del empleo con discapacidad. En estos se encuentra el complementar la financiación, hasta el 75 % del SMI, de los nuevos contratos de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades, asumiendo el incremento del 8 % del SMI aprobado por el Estado en 2017 y del 4 % en 2018.
En segundo lugar, recuperar la línea de financiación de inversiones vinculadas a nuevos proyectos y a la contratación de trabajadores con discapacidad en los CEE. Por otro lado, impulsar la contratación de técnicos de apoyo a los trabajadores con discapacidad que trabajan en la empresa ordinaria.
En cuarto lugar, la contratación de personal de acompañamiento para trabajadores en situación o riesgo de exclusión en EI y, por último, la creación de un instrumento de apoyo financiero para los CEE y las EI para anticipar el primer 50% del SMI de los trabajadores con discapacidad y aquellos en situación o riesgo de exclusión social de aquellos centros que han solicitado subvenciones de costes salariales.
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