El Gobierno y Podemos han alcanzado un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 que incluye medidas en materia de conciliación, dependencia, pobreza infantil o igualdad, entre otros.
En concreto, el acuerdo detalla una serie de medidas para lograr una 'Sociedad más feminista' entre las que destaca el pacto de la equiparación progresiva del permiso de paternidad al de maternidad, lo que supondrá un coste de 300 millones de euros en 2019, cuando prevén que el permiso de paternidad sea de ocho semanas.
Así, la equiparación de este permiso --que actualmente es de cinco semanas-- se llevará a cabo progresivamente: en 2019, será de ocho semanas; en 2020, subirá a 12; y ya en 2021, alcanzará las 16 semanas de duración, igualando el permiso de maternidad.
Por otro lado, el Gobierno y Unidos Podemos han pactado incrementar la prestación por hijo a cargo hasta 473 euros anuales en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, con el objetivo de que casi 100.000 niños salgan de la pobreza severa.
Además, ante la "alta" tasa de pobreza, especialmente en los hogares con menores, el Ejecutivo y la formación morada proponen desarrollar el Ingreso Mínimo Vital. En primer lugar, incrementarán la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y, en una segunda fase, crearán un programa de garantía de renta para familias sin ingresos.
En cuanto a la primera fase, han acordado aumentar progresivamente la prestación por hijo a cargo, comenzando por los umbrales de pobreza severa. Así, en 2019 se incrementará la prestación actual desde los 291 euros actuales hasta los 473 euros. El presupuesto para desarrollar la medida es de 180 millones de euros.
Consentimiento expreso
El acuerdo, firmado este mismo jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, también contempla impulsar una reforma del Código Penal que introduzca el consentimiento expreso de la víctima en la tipificación de los delitos sexuales. El objetivo es que la falta de consentimiento se convierta "en clave nuclear" en este tipo de delitos.
"Si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no", se argumenta en el pacto con el que se busca "blindar que solo es sí es sí" por ley. Asimismo, la norma implicará "la acreditación de la víctima, la unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de 'agresiones sexuales'". Es decir, eliminar la diferenciación entre delito de abuso sexual y el de agresión, una propuesta formulada por Unidos Podemos es la ley de Libertad Sexual registrada el mes de julio en el Congreso.
Por otro lado, también se ha pactado incrementar en un 10% la dotación presupuestaria para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consignándose 220 millones de euros en 2019. Este incremento ya fue anunciado por el Ejecutivo, que precisó que el año que viene se duplicarán los fondos destinados a programas dirigidos a erradicar la violencia de genero para los ayuntamientos, pasando de 20 millones en 2018 a 40 en 2019.
Dependencia y bienestar
En cuanto al 'Blindaje del Estado de Bienestar', han acordado destinar 515 millones de euros más en 2019 para "mejorar" las cuantías del Sistema de Dependencia, lo que supone un "incremento del 40%" respecto al ejercicio anterior, hasta los 1.800 millones, y 315 millones de euros para "recuperar" las cuotas de la Seguridad Social de 180.000 cuidadores familiares de los dependientes.
En el epígrafe titulado 'Dependencia: Dignificar la situación de las personas con dependencia y recuperar la cotización de las cuidadoras no profesionales', el pacto entre ambas formaciones políticas concreta que para el 'nivel mínimo' se van a destinar 132 millones de euros más y para el 'nivel acordado' 383 millones más. De esta forma, calculan que el impacto presupuestario en 2019 asciende a 515 millones de euros.
La otra pata del acuerdo en materia de dependencia tiene que ver con la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares, que en su mayoría son mujeres, y que el Gobierno anterior eximió al Estado de pagar estas cuotas. De esta forma, quieren recuperar el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social, con una inversión de 315 millones de euros, para que se beneficien 180.000 personas.
Por último, han acordado que se derogarán los artículos referidos a esta materia del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, "para asegurar que los derechos laborales y los derechos de las personas en situación de dependencia están garantizados en España".
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