La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), junto al resto de sindicatos, ha convocado huelga general y una gran manifestación en Madrid el próximo 16 de noviembre para frenar la mayor agresión de la historia a los derechos laborales de los funcionarios de Justicia.
El pasado miércoles delegados sindicales de toda España se manifestaron frente al Ministerio de Justicia para protestar contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente en tramitación parlamentaria, que abre la puerta a la movilización forzosa de más de 50.000 funcionarios de este ámbito. Además, se modifican aspectos que afectan al personal interino de refuerzo que deberían pasar por la negociación.
CSIF ha advertido de que esta reforma, tras ser aprobada esta semana por el Congreso de los Diputados y pendiente de luz verde del Senado, se ha realizado a hurtadillas y al margen de la mesa de negociación con los sindicatos.
Además, considera que su trasfondo es lamentable porque se intenta engañar a los funcionarios de Justicia “colando” el cambio de centros de destino en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). “Tras meses de tramitación parlamentaria, se han introducido enmiendas a última hora que no tienen nada que ver con su objetivo y se han incorporado graves modificaciones de las condiciones laborales del colectivo”, han señalado.
“En la práctica, la Administración podrá determinar a su antojo cuál será, dentro del municipio, el puesto de trabajo de los funcionarios en cada momento, al tiempo que se reducirá drásticamente el nombramiento de personal interino, dejando puestos sin cubrir y sobrecargando de trabajo al resto, generando además incertidumbre en la percepción de retribuciones complementarias y en la asignación de funciones y tareas”, han indicado.
Para frenar “esta agresión sin precedentes”, CSIF, junto a STAJ, CCOO y UGT, han convocado además concentraciones todos los días laborables de 10 a 10.30 horas desde el 6 hasta el 16 de noviembre a las puertas de los centros de trabajo.
En concreto, los sindicatos denuncian que con esta reforma normativa se unifican en uno solo los centros de destino de cada municipio, y se aprueba la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente (art. 521); se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo (art. 347 bis); en caso de ausencia que no suponga vacante, su sustitución transitoria solo se producirá si se trata de ausencia de personal titular, pero no si la ausencia es de personal interino (Art. 489); y el personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de 6 meses (art. 489).
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