Junta y Fiscalía activan cauces para que los servicios sociales puedan derivar de oficio posibles situaciones de violencia de género

Junta y Fiscalía activan cauces para que los servicios sociales puedan derivar de oficio posibles situaciones de violencia de género

Ambas instituciones acuerdan poner en marcha un pilotaje en las provincias de Burgos, León y Palencia, cuyas conclusiones servirán para extender el proyecto al resto de la Comunidad. Castilla y León es la primera comunidad en España que promueve una iniciativa de estas características basada en una comunicación e intervención proactiva, para la que se contará siempre con la víctima

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y la fiscal superior de la Fiscalía de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, han inaugurado el curso de formación dirigido a los fiscales especializados en violencia de género de las distintas provincias de Castilla y León que, por segundo año consecutivo, ambas instituciones ponen en marcha dentro de la colaboración continua entre Junta y Fiscalía. 

Esta coordinación en 2016 ya se vio fortalecida a raíz de un protocolo de actuaciones conjuntas dentro del modelo integral de atención a víctimas de violencia de género ‘Objetivo Violencia Cero’, que se sustentaba en intercambio de información para optimizar recursos y ofrecer una respuesta integral. A raíz de este protocolo, la Consejería puso a disposición de los fiscales la historia social de las víctimas y los informes de valoración de la situación de violencia de género, lo que permite que en la actualidad se hayan elaborado ya más de 1.700 informes a los que tienen acceso los fiscales.

Junto a esto, se crearon puntos de coordinación en todas las gerencias territoriales de servicios sociales, no solo para los juzgados de las provincias sino también como interlocutores directos con la Fiscalía, y se fijó el compromiso de ofrecer a los fiscales formación especializada a los fiscales que recogiera tanto aspectos jurídicos como sociales, como por ejemplo conocer todos los recursos y procedimientos para la protección, atención y autonomía de las víctimas. Toda esta formación especializada a profesionales de diferentes ámbitos es pieza fundamental en el modelo ‘Objetivo Violencia Cero’ y, en la presente legislatura ha llegado a más de 4.000 profesionales, entre ellos coordinadores de caso, psicólogos, abogados, personal sanitario, farmacéuticos, docentes, jueces, fiscales o medios de comunicación.

Alicia García ha señalado que, en el curso actual de formación se van a tratar dos aspectos que se están trabajando entre la Junta y la Fiscalía, que se recogen en un nuevo protocolo de coordinación, y que son actuaciones novedosas en materia de violencia de género y de mujeres y niñas víctimas de trata.

Refuerzo a la comunicación en materia de violencia de género

La primera de las novedades que refuerzan la colaboración entre Junta y Fiscalía contempla la posibilidad de que los profesionales de los Servicios Sociales puedan derivar de oficio a la Fiscalía posibles casos de violencia de género ante la existencia de indicios o sospechas.

Castilla y León es la primera comunidad en España que firma un acuerdo de estas características y, para la puesta en marcha de este novedoso procedimiento de comunicación a la Fiscalía, se han consensuado unas pautas de actuación que, a finales de noviembre, comenzarán a pilotarse en las provincias de Burgos, León y Palencia durante unos meses. Tras este pilotaje, se extenderá al resto de provincias de la Comunidad.

Este pilotaje responde al enfoque proactivo en la atención a las víctimas de violencia de género previsto en el modelo integral ‘Objetivo Violencia Cero’, para detectar de forma precoz las situaciones de maltrato y dar a las mujeres una respuesta integral.

La comunicación a las distintas fiscalías la realizarán las secciones de mujer de las tres provincias, al ser sus interlocutores directos, previa información facilitada por los coordinadores de caso. Estas comunicaciones darán lugar a las oportunas diligencias de investigación por las fiscalías cuando se den los siguientes requisitos: que se trate de casos o circunstancias contempladas dentro del concepto de violencia de género de la ley estatal; que los casos no estén previamente judicializados y que sean susceptibles de abrir diligencias de investigación; que no precisen de actuaciones urgentes e inmediatas para la protección de la víctima y/o el aseguramiento de las pruebas; o que sean supuestos donde existan sospechas o indicios de que se está produciendo una situación de violencia de género. Si hay constancia o certeza se deberá enviar directamente al juzgado competente con comunicación a la fiscalía.

Refuerzo a la coordinación en materia de trata de mujeres y niñas

La segunda de las novedades que refuerzan la colaboración entre Junta y Fiscalía, y que recoge el nuevo protocolo entre ambas, alude a las mujeres y niñas víctimas de trata y se refiere a abordar la legislación vigente así como la necesidad de trabajar en una atención eficaz y coordinada entre todos los agentes intervinientes, la fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los Servicios Sociales, para avanzar en su erradicación.

La legislación de Castilla y León reconoce la trata como una forma más de violencia de género, algo que no es así a nivel nacional, por lo que desde la Comunidad se ha pedido que se contemple como tal también en la normativa estatal. La trata es un delito tipificado en el Código penal y en la identificación de víctimas de trata juegan un papel esencial la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en coordinación con los profesionales de los Servicios Sociales y las entidades del tercer sector especializadas en esta materia.

La consejera ha señalado que estas tres instituciones están trabajando precisamente en un plan de acción coordinada, una vez que las víctimas de trata son identificadas y deciden denunciar, dándolas una atención psicosocial y derivándolas a los recursos necesarios para su apoyo a la autonomía y para su protección y seguridad. Previamente a esto, es necesario un proceso de detección por agentes tales como la inspección de trabajo, los servicios sociales, las entidades especializadas o los profesionales de sanidad entre otros, y haber sido notificado a las instancias correspondientes que son Fuerzas y Cuerpos de seguridad, Ministerio Fiscal o juzgados de guardia.

García se ha referido a que en los últimos dos años la Consejería ha ido consolidando una red de atención psicosocial en Castilla y León con cinco entidades (APRAM en Ávila, Salamanca y Zamora; ADORATRICES en Burgos, Segovia y Soria; ACLAD en León, Palencia y Valladolid; ALBOR también en Valladolid y CÁRITAS en Ponferrada), que intervienen en el entorno de la prostitución para detectar víctimas de trata y lograr su identificación y protección por la policía y Fiscalía para avanzar en la erradicación de este delito. Se calcula que un 80 % de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de trata.

También a través de estas entidades se actúa con las mujeres identificadas en Castilla y León, así como con los menores u otras personas a su cargo, apoyándoles para lograr su autonomía e inserción en la sociedad.

Durante 2017 estas entidades intervinieron con 2.529 mujeres, de las cuales 41 se identificaron como víctimas de trata. En 2018 la Consejería ha incrementado el presupuesto para esta finalidad en 170.000 euros y, como novedad, se han creado plazas habitacionales para aquellas víctimas de trata que ya hayan sido identificadas, con la intención de darlas alojamiento, atención psicosocial y la protección y seguridad necesaria.

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