La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca presenta las 110.000 firmas contra el expolio del Archivo

Piden que no entregue "ni un solo documento más del Archivo de Salamanca a la Generalitat separatista catalana y que ordene devolver los fondos del Archivo de Salamanca que la Generalitat todavía retiene ilegalmente en su poder"

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 Policarpo
Policarpo

El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, y el periodista Hermann Tertsch, miembro de la Junta Directiva, entregaron este jueves en la Delegación del Gobierno en Castilla y León las 110.000 firmas recogidas para exigir al presidente del Gobierno que no entregue "ni un solo documento más del Archivo de Salamanca a la Generalitat separatista catalana y que ordene devolver los fondos del Archivo de Salamanca que la Generalitat todavía retiene ilegalmente en su poder".

Además, junto a las adhesiones recogidas a través de las plataformas HazteOir.or, CitizenGo y Change.or, también entregaron una carta dirigida a Pedro Sánchez en la que le insta a "cumplir y hacer cumplir la Ley a la Generalitat para que devuelva al Archivo General de la Guerra Civil la documentación que mantiene ilegalmente en su poder". 

Por otro lado, también piden que "no agrave el problema y no aumente el daño ya hecho". De hecho, vuelven a reiterar que "la supervivencia política de Pedro Sánchez depende de los votos separatistas catalanes, por lo que el riesgo de un nuevo expolio es inminente". 

Por ello, la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca pide, con sus firmas, que los instrumentos "que le permite y faculta nuestro Estado de Derecho, obligue a la Generalitat de Cataluña a devolver al Archivo de Salamanca los documentos que por Ley no le pertenecen".

También "que adopte las medidas necesarias para hacer cumplir la Sentencia del Tribunal Constitucional en esa Comunidad Autónoma" y "rechace cualquier petición de restitución de nuevos documentos del Archivo General de la Guerra Civil Española a la Generalitat de Cataluña".

Además, que "ayude a las familias y entidades de Valencia, Murcia, Madrid, Castilla y León, Asturias y Aragón" y "que se inicien las acciones legales contra los responsables del incumplimiento" si no son atendidas las peticiones. Así, los responsables emprenderán las acciones legales contra el Gobierno de España mediante un escrito que presentarán en el Ministerio de Cultura en Madrid. 

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