Las familias denuncian que el Ayuntamiento de Vitigudino les acaba de cobrar las tasas declaradas ilegales por el TSJCyL

Además del cobro mensual en lugar del trimestral que analizó la sentencia, aseguran que el equipo de Gobierno sigue cobrándoles la subida que fue declarada ilegal por la Justicia 

 Ayuntamiento de Vitigudino
Ayuntamiento de Vitigudino

La subida de las tasas municipales de Vitigudino de la guardería como de la ludoteca, a 100 y 30 euros, respectivamente, ha sido declarada ilegal por parte de la Justicia, como ha adelantado SALAMANCA 24 HORAS. En la sentencia, como ha informado este periódico, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declara la "nulidad absoluta de pleno derecho" de la modificación de las tasas aprobadas por los socialistas. 

Sin embargo, las familias denuncian que el Consistorio vitigudinense, gobernado con mayoría absoluta por Germán Vicente, les sigue cobrando las mismas tasas de 100 y 30 euros. 

La guardería y la ludoteca costaban al inicio de la presente legislatura 75 y 12,5 euros, pero los socialistas aprobaron en noviembre de 2016 una fuerte subida de las tasas, con unos incrementos de cuota, como ha destacado el TSJCyL, del 33 por ciento y de más del 100 por ciento, respectivamente. 

El aumento de las tasas ha sido declarado nulo por parte de la Justicia, pero las familias de la cabecera de la comarca se quejan de que el Ayuntamiento les sigue cobrando la misma cuota, pese al fallo judicial. 

Existen usuarios que incluso afirman que la Administración local le está cobrando los 100 y 30 euros cada mes, cuando en el contencioso-administrativo se trata en todo momento a las cuotas como trimestrales, en virtud de la documentación aportada por las partes: el Ayuntamiento de Vitigudino como demandada y el vecino que interpuso la demanda como parte actora. 

Es importante recordar que el TSJCyL impone las costas al Ayuntamiento de Vitigudino, "con expresa declaración de temeridad habida cuenta que ha obviado el conjunto normativo aplicable, con desprecio absoluto a los principios generales que ha de inspirar su actuación", como, entre otros, son los de "servicio efectivo a los ciudadanos, participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa".

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