CRISIS DE LAS PENSIONES

​El gasto en pensiones sube en 2019 hasta "la mayor cifra de la historia" pero los sindicatos piden más

​El gasto en pensiones sube en 2019 hasta "la mayor cifra de la historia" pero los sindicatos piden más
Foto de archivo de una manifestación por las pensiones en Salamanca
​El gasto en pensiones sube en 2019 hasta "la mayor cifra de la historia" pero los sindicatos piden más

La Seguridad Social recibirá una transferencia del Estado por valor de 850 millones, adicional al préstamo. Los pensionistas recibirán en febrero una paga compensatoria. Desde UGT piden derogar la reforma de las pensiones del Gobierno de Rajoy

El Gobierno destinará este año 153.864 millones de euros a pensiones, cifra que supone un incremento del 6,2% respecto a 2018 y que supone "la mayor de la historia", según destacó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este pasado viernes, 11 de enero.

Montero dio cuenta de algunas de las grandes cifras que contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y ha explicado que la Seguridad Social recibirá, además del préstamo ya anunciado, una transferencia adicional del Estado por valor de 850 millones de euros.

Esta transferencia, para la cual ha sido necesario "ajustar" otras partidas, se debe, según la ministra, al hecho de que, al no relajarse el objetivo de déficit, la Seguridad Social perderá el margen de dos décimas que habría ganado con la senda planteada por el Gobierno socialista.

En cualquier caso y de cara al futuro, Montero subrayó que muchas de las propuestas que se están haciendo para mejorar las cuentas de la Seguridad Social pasan por que el Estado asuma el coste de algunas prestaciones no contributivas que actualmente paga el sistema, absorbiendo así parte de su déficit.

"Las cuentas de la Seguridad Social probablemente tendrán menos competencia en algunas materias para que sea el Estado la que las financie", indicó.

Paga compensatoria a los pensionistas en febrero

Montero explicó que el incremento del gasto en pensiones en 2019 se debe, entre otros factores, a la subida que han experimentado las pensiones en un 1,6% con carácter general y en un 3% en el caso de las pensiones mínimas y no contributivas.

Además, recordó que la base reguladora de la pensión de viudedad para personas sin otros ingresos ha subido este año desde el 56% al 60%, lo que implica un aumento de la pensión cercano al 7%.

La ministra subrayó, además, que durante el primer trimestre del año, en concreto en la nómina de febrero, los pensionistas cobrarán la paga compensatoria por la desviación de precios en 2018 respecto a lo que subieron sus pensiones a principios de año (1,6% con carácter general y 3% en el caso de las mínimas y no contributivas).

Para calcular esta paga, el Gobierno utilizará en esta ocasión el promedio del IPC entre noviembre de 2018 y diciembre de 2017 (el 1,7%), por lo que habrá que compensarles por la décima de desviación sobre el 1,6%, lo que tendrá un coste de unos 256 millones de euros para las arcas públicas.

UGT celebra los Presupuestos del Gobierno pero demanda derogar la reforma de las pensiones y subir más el SMI

UGT celebró la aprobación del Gobierno de las cuentas públicas para este año, al considerarlos "más sociales y equilibrados para repartir la riqueza", aunque ha echado en falta algunas medidas que el sindicato lleva reivindicando desde hace tiempo como la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la del índice de referencia para recibir ayudas sociales (IPREM).

El sindicato considera que el Ejecutivo debería de ir "más allá" de las medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y "restituir los derechos perdidos y todos los recortes que se han producido en el Estado de Bienestar y en el ámbito laboral", de manera que se siga invirtiendo en políticas de empleo "eficientes" que potencien y reformulen las políticas activas y refuercen las prestaciones por desempleo.

En concreto, UGT cree necesario derogar la última reforma de las pensiones para que se "blinde" por ley la revalorización de las prestaciones con arreglo a la evolución de los precios, con el fin de que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo.

Además, propone subir el SMI hasta que alcance el 60% del salario medio en el país, tal y como establece la Carta Social Europea, suscrita por España. Esto supone alcanzar los 1.000 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 900 euros actuales tras la aprobación en diciembre del decreto ley del Gobierno.

Entre el resto de medidas urgentes solicitadas por UGT, figuran que los perceptores de ayudas referenciadas al IPREM recuperen su poder adquisitivo tras siete años de congelación o subidas "pírricas", o la reducción de la pobreza y la desigualdad social con medidas que garanticen, por ejemplo, una vivienda asequible para todos los ciudadanos.

Pese a esta serie de reivindicaciones, el sindicato ha valorado la propuesta de Presupuestos calificándolos de "imprescindibles" para que el cambio en la política económica del país, aunque ha recordado que se han presentado sin una consulta previa y "obligada" con todos los interlocutores sociales.

No obstante, los considera unos presupuestos "expansivos, que impulsan políticas sociales y afianzan el necesario Estado de Bienestar, restituyendo parte de los derechos perdidos por los ciudadanos", al implicar modificaciones en pro del incremento de los ingresos y una "ruptura con las anteriores políticas liberales de equilibrio presupuestario".

Entre las medidas incluidas en estas cuentas públicas, UGT destaca el establecimiento de un tipo mínimo del 15% para el Impuesto de Sociedades, la creación de figuras de tributación con carácter tecnológico (la llamada tasa 'Google') o financiero (tasa 'Tobin'), el incremento del IRPF para las altas rentas, o la importancia de que el Congreso aprobase recientemente la modificación del objetivo de déficit para este año al 1,8% desde el 1,3% fijado por el anterior Gobierno, que, aunque fuese tumbado posteriormente en el Senado, supone un margen adicional para el desarrollo de políticas de competencia autonómica o un incremento de recursos para Sanidad o Educación.

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