“Cuando llegó al Gobierno de España, el PSOE comunicó que derogaría la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), pero su reforma retrocede a 2006 y nos lleva a un modelo de café para todos que no premia el esfuerzo”, asegura María Jesús Moro, diputada del PP por Salamanca en el Congreso.
Según ella, esta reforma obedece a un pacto oculto entre el Gobierno y los partidos independentistas para que Pedro Sánchez siga como presidente: “No se ha trabajado con nadie. No se ha consultado a las comunidades autónomas. A los separatistas les gusta porque les da competencias en materia lingüística, lo que facilita el adoctrinamiento”.
Sobre las consecuencias de la aprobación de estos cambios, la parlamentaria advierte de que “elevarían las cifras de fracaso escolar, recortarían la función de los directores de los centros, pondrían en riesgo la educación concertada, impedirían defender el idioma español, incumplirían el tratado vigente de España con la Santa Sede en materia religiosa y degradarían el título de Bachillerato al permitir aprobarlo con una asignatura suspensa”. “En otros países en los que pasa esto, existe una prueba final que aquí se obvia”, añade.
Está previsto que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, presente el proyecto al Congreso de los Diputados en febrero. “Tiene altas posibilidades de salir adelante. Podemos se ha mostrado crítico con él, pero si alguna de sus propuestas es admitida, empeoraría aún más la reforma”, opina Moro. Para tratar de evitarlo, el PP comunica que presentará una enmienda a la totalidad con un texto alternativo en el momento en el que la idea de Celaá llegue al hemiciclo.
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