Suspendido por la incomparecencia de varios testigos el juicio contra un grupo acusado de traficar en Pizarrales

Suspendido por la incomparecencia de varios testigos el juicio contra un grupo acusado de traficar en Pizarrales


En la vista, tres de los cuatro acusados (dos hombres y una mujer) se enfrentaban a una condena de cinco años de prisión, y el cuarto individuo a cuatro años. En el caso de los tres primeros la condena solicitada por el Ministerio Fiscal es mayor al tratarse de personas con antecedentes por hechos similares. Además, la multa para cada uno de ellos es de una cantidad próxima a los 1.400 euros

El juicio contra un grupo de personas que presuntamente vendía drogas desde un domicilio situado en la calle La Moral, de Pizarrales, y que fue descubierto como consecuencia de una operación policial registrada en febrero de 2017, ha tenido que suspenderse por la incomparecencia de varios testigos, a los que no se les ha podido localizar, según han señalado fuentes judiciales en la mañana de este martes, 12 de febrero.

En la vista, tres de los cuatro acusados (dos hombres y una mujer) se enfrentaban a una condena de cinco años de prisión, y el cuarto individuo a cuatro años. En el caso de los tres primeros la condena solicitada por el Ministerio Fiscal es mayor al tratarse de personas con antecedentes por hechos similares. Además, la multa para cada uno de ellos es de una cantidad próxima a los 1.400 euros.

Los individuos fueron detenidos el 23 de febrero de 2017. Agentes de la Comisaría, dentro de su labor de investigación de grupos organizados dedicados al tráfico de drogas, tuvieron conocimiento de que uno de ellos podía desarrollar su actividad ilícita en el citado domicilio, por lo que desde hace tiempo vienen realizando labores de investigación y vigilancia, en los que han podido determinar que al mismo acuden asiduamente, a cualquier hora, personas que son conocidas policialmente como consumidoras, ya que en diversas ocasiones se les han incautado sustancias estupefacientes, levantando actas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Aquel día 23 y con el mandamiento judicial de entrada y registro se efectuó el mismo tanto en el domicilio como en el garaje de la vivienda. La práctica de la diligencia fue problemática en extremo, debido a las medidas de seguridad adoptadas por los ocupantes de la vivienda, según señalaron fuentes policiales, "para garantizar el ejercicio de su actividad ilícita y dificultar la incautación de sustancias en caso de intervención policial". Para la entrada fue preciso derribar dos puertas, una de ellas blindada con numerosos candados y una viga metálica vertical incrustada en el suelo tras una de ellas, operación en la que transcurrió casi media hora.

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