DECRETO CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL

El subsidio para mayores de 52 años evitará la "exclusión social" de los parados de larga duración

Foto: Europa Press
El subsidio para mayores de 52 años evitará la "exclusión social" de los parados de larga duración

Los sindicatos creen que los Gobiernos ya han admitido que la crisis ha dejado un paro estructural de cerca de tres millones de personas, la mayoría de una edad superior a los 50 años. Además, se trata de una franja de edad en la que se da mucha economía sumergida

El pasado miércoles entraba en vigor el nuevo subsidio para parados mayores de 52 años que, según las estimaciones del Gobierno, podría beneficiar a cerca de 380.000 personas una vez que entre en vigor el aumento de la cotización desde el 100% al 125% de la base mínima (algo que sucederá el 1 de abril).

El decreto ley, aprobado el 8 de marzo por el Consejo de Ministros, rebaja la edad de acceso a este subsidio desde los 55 años actuales a 52 años; suprime el requisito de tener cumplidos los 52 años en el momento del hecho causante y elimina los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando el beneficiario proviene de un trabajo a tiempo parcial.

Asimismo, según la norma, el subsidio, consistente en una ayuda mensual de 430 euros, eleva su duración máxima, ya que podrá percibirse hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, frente a la regulación anterior, que obligaba a dejar de cobrarlo en el momento en el que se pudiera acceder a cualquier modalidad contributiva de jubilación, dando lugar así a jubilaciones anticipadas forzosas.

Todo esto es algo muy positivo para los trabajadores y trabajadoras, según consideran los sindicatos. Así, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) de Salamanca, Emilio Pérez Prieto, recuerda a SALAMANCA24HORAS que esta ha sido una de sus mayores reivindicaciones desde que se comenzó a salir de la crisis, puesto que el boom inmobiliario afectó a mucha gente de mediana edad que, desde entonces, ha estado desprotegida, algo que se comenzará a solucionar con este subsidio.

“Parece que no, pero quien no pasa por estas situaciones no es consciente de lo que supone pasar la ayuda de los 55 a los 52 años”, continúa Emilio Pérez, quien explica que hay una gran cantidad de personas de entre 45 y 50 años que no tienen un puesto de trabajo y que, en la actualidad, no pueden acceder a una formación para reciclarse y emplearse en un sector distinto al que se habían desarrollado.

Por ello, esta ayuda les permitirá tener cierto nivel de ingresos hasta la edad de jubilación, una reivindicación que no era tanto laboral pero sí como consecuencia de la precariedad laboral, puesto que así se garantiza una protección social al porcentaje alto de desempleados de larga duración que, por su edad, tenían gran dificultad a encontrar un nuevo empleo “y estaban abocados a la exclusión en el mundo laboral y, por tanto, a la exclusión social”.

Una franja de edad en la que hay mucha economía sumergida

Esta reducción de la edad para acceder al subsidio (de 55 a 52 años) fue ya negociada con el anterior Gobierno, puesto que desde los sindicatos entendían, según asegura el secretario general de CCOO Salamanca, que es una edad en la que todavía hay muchas posibilidades de entrar en el mercado laboral y no veían ninguna razón, salvo el ahorro, de proteger a una gran cantidad de gente que está “en la edad productiva en la teoría pero no en la práctica”.

De hecho, eso ha provocado que muchos de esos desempleados, al no poder acceder a un mercado legal, hayan sido parte activa de la economía sumergida del país, que se antoja “muy difícil de paliar por el contexto de edad y por la capa social”, inclusive con el subsidio, ya que una vez que se han acostumbrado a tener una fuente de ingresos al margen de la legalidad “es tremendamente complicado erradicarlos”.

Además, esta economía sumergida estas franjas de edad se da, por lo general, en sectores donde el controlarlo es difícil, como pueden ser la construcción o el sector agrícola. “Controlar el campo es muy complicado, y en la construcción se da en obras menores, chapuzas y reformas en viviendas particulares, donde la inspección de trabajo tienen gran dificultad legal”, lamenta Emilio Pérez.

Esta economía sumergida, que es algo “marcado a fuego” en el desarrollo económico de España, sigue sucediéndose a día de hoy pese a los intentos de los diferentes Gobiernos, y difícilmente cambiará a corto plazo pese a la implantación de este subsidio porque “no es fácil erradicar lo instaurado en muchos hogares en los que la gente, al no poder cobrar ninguna ayuda, tenía esa necesidad de ingresar”.

“Está asumido que la crisis ha dejado un paro estructural de tres millones de personas”

El secretario general de CCOO Salamanca también concreta que este subsidio viene dado porque los Gobiernos de este país ya han asumido que la crisis “ha dejado un coste estructural de desempleo de en torno a 2,5 o tres millones de personas”, y que por tanto el desarrollo económico camina por encontrar a los más jóvenes “que aceptan salarios más bajos y precariedad en su contratación” puesto que tienen mayor posibilidad de formarse y adquirir los conocimientos requeridos por las empresas que ofrecen puestos de trabajo estables.

Este subsidio, por tanto, vienen a garantizar la subsistencia a esos tres millones parados de larga duración, puesto que además muchos tienen familias (si bien una de las novedades del subsidio es que no se computan los ingresos familiares, sino los de uno mismo) y no podían mantenerlas al quedar excluidos de una formación que parece destinada a los menores de 45 años.

Por ello, los mayores de esas edad estaban quedando relegados a, como mucho, empleos de protección social “y no de apertura al nuevo mercado de trabajo”. Los sindicatos ya habían tratado de ofrecerles, con diferentes políticas activas de empleo acordadas con las diferentes instituciones, diferentes contratos temporales para garantizarles un mayor tiempo de prestación.

Así, este subsidio vendrá a cubrir a todas esas personas a los que se era incapaces de llegar y que estaban abocados a la exclusión laboral y social, algo que se pretende corregir tras la entrada en vigor del Decreto Ley Contra la Precariedad Laboral.

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