La Audiencia de Barcelona juzgará el próximo miércoles a un delincuente reincidente que, aprovechando un permiso penitenciario secuestró, violó y apuñaló a una mujer, a la que arrojó en un barranco y la tapó con tierra y hojas pensando que la había matado en Castellbisbal (Barcelona) el 29 de octubre de 2016.
La Fiscalía pide para el acusado, T.P.C., que está en prisión provisional desde los hechos, la pena de 70 años de cárcel por delitos de detención ilegal, delito de asesinato en grado de tentativa, delito continuado de agresión sexual y robo con intimidación.
En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que el acusado cometió los hechos aprovechando un permiso penitenciario (había sido condenado anteriormente por robo violento, detención ilegal y agresión sexual) "motivado por su rabia contra las mujeres por el hecho de no poder ver a su hija debido a la oposición de su pareja".
Ese día abordó a la víctima cuando acababa de subir a su coche en un aparcamiento en Igualada (Barcelona) a primera hora de la mañana, y exhibiéndole una navaja le obligó a llevarle hasta Martorell (Barcelona), asegurando que solo quería ir a salvar a su hija de unos traficantes.
En una urbanización de Castellbisbal, la obligó a bajar del coche y a adentrarse a pie en una zona boscosa por un camino forestal, y tras decirle "te ha tocado", la violó en varias ocasiones.
Después la obligó a adentrarse en una zona de difícil acceso, entregarle las llaves del coche y la tarjeta de crédito --además del código PIN-- y la puso de espaldas y le asestó siete puñaladas en el cuello y una en la zona lumbar "con ánimo de atentar contra su vida para evitar su identificación y detención".
La víctima cayó desplomada en el suelo, y entonces el acusado la arrastró y la lanzó por un barranco de cinco metros de altura, y creyendo que estaba muerta le tiró encima tierra y diversas ramas con la finalidad de ocultarla para que el cuerpo no fuera hallado, aunque la mujer sobrevivió, prosigue la fiscal.
El hombre huyó con el coche, lo abandonó en la A-2 en Martorell y cogió el tren, y con la ayuda de un sobrino menor de edad, sacó del cajero automático 1.000 euros de su cuenta, si bien fue detenido finalmente el 31 de octubre de 2016.
Además de los 70 años de cárcel, la fiscal pide para él diez años de libertad vigilada, orden de alejamiento y que indemnice a la víctima con 70.000 euros por las lesiones y secuelas.
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