El Juzgado de lo Penal 1 de Lleida ha condenado a pagar una multa de 2.100 euros por acoso sexual hacia una compañera a un guardia civil del puesto de Ponts (Lleida) que ya no está en el cuerpo de la Guardia Civil, estaba en prácticas y su contrato no fue renovado.
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha asegurado este martes que el juzgado le ha condenado a una pena de multa de siete meses a razón de 10 euros diarios, en total 2.100 euros, y además a indemnizar a la víctima por los meses de baja que sufrió, en total 94 días a razón de 50 euros lo que suma 4.700 euros más 115 euros que le fueron sustraídos por estar de baja durante tres meses.
Los servicios jurídicos de la AEGC, que han llevado la acusación particular a través del abogado, han probado los hechos de acoso que han motivado la condena y la expulsión del Cuerpo "de un individuo que no ha hecho honor a esta Institución", señalan.
Los hechos se remontan al verano de 2017, en concreto a los días que van desde el 27 de junio, fecha en la que llegó al puesto de Ponts el condenado, hasta mediados del mes siguiente.
La sentencia considera probado que el acusado desde finales de junio de 2017 y la primera quincena de julio, movido por el ánimo de obtener favores de tipo sexual, se dirigió a su compañera "usando expresiones humillantes" y que la agente debió permanecer de baja tres meses y tuvo que recibir tratamiento psicofarmacológico por trastorno ansioso-depresivo.
En cuanto a la actuación de la Guardia Civil, la AEGC destaca la actuación del mando superior de la agente, que "en cuanto tuvo conocimiento de los hechos y de la amenaza de violación denunció lo ocurrido a sus inmediatos superiores, quienes lo pusieron en conocimiento del juzgado".
La asociación destaca también la rápida actuación con la que se expulsó del cuerpo "a este individuo que con su comportamiento no se hace merecedor de llevar este uniforme".
AEGC agrega que "mientras no se lleve a cabo una reforma del Código Penal, este tipo de conductas seguirán teniendo condenas leves para los acosadores, mientras que las víctimas tendrán que seguir conviviendo con el recuerdo de esa humillación y vejación el resto de su vida, un recuerdo que ninguna indemnización económica podría paliar".
"Mientras siga vigente el artículo 184, situaciones como la vivida por esta agente y por muchas otras mujeres a diario, seguirán teniendo laxos castigos", señala la asociación.
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