El agente de la Guardia Civil que fue procesado por un atraco ocurrido en la vivienda de un empresario, situada en la Gran Vía, permanecerá en activo pero pendiente de asignación de destino hasta que se resuelva el recurso presentado por su abogado defensor. Sin embargo, de desestimarse su apelación, que aún se está tramitando, la sentencia por la que fue condenado a cuatro años de prisión sería firme y no podría volver ejercer como agente de la Guardia Civil.
Una orden del pasado 4 de marzo firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirma el fin de la situación de suspensión de empleo y su regreso al servicio activo, "pendiente de asignación de destino en Alba de Tormes, el día 28 de marzo de 2019, continuando encuadrado a efectos de régimen interior en la Comandancia de Salamanca", afirma la orden, como se puede ver a continuación:
Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil precisan que la situación del agente, en cuanto a su relación con el Instituto Armado, es similar a la que otros agentes procesados, como el de La Manada, al que Defensa le levantó la suspensión, pero no le asignó destino.
En todo caso, de resultarle favorable el recurso interpuesto por su abogado —el mediático Marcos García Montes— al agente tendrían que volverle a asignar un destino, que podría estar lejos de Salamanca.
El agente fue procesado en primer lugar y luego condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Salamanca en junio como jefe intelectual y cabecilla de una banda formada por marroquíes que llevó a cabo un violento atraco en la casa de un empresario con domicilio en la Gran Vía. La intención de la defensa de agotar todos los recursos posibles para evitar que la condena sea firme e inapelable ha alargado considerablemente el proceso.
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