El juicio contra un grupo de personas que presuntamente vendía drogas desde un domicilio situado en la calle La Moral de Pizarrales, que habían convertido en una especie de búnker, ha vuelto a suspenderse en la mañana de este lunes, 25 de marzo, en la Audiencia Provincial, debido a la incomparecencia por enfermedad del perito de drogas, cuyo testimonio como experto es clave en el desarrollo de la vista oral.
En el juicio, tres de los cuatro acusados (dos hombres y una mujer) se enfrentaban a una condena de cinco años de prisión, y el cuarto individuo a cuatro años. En el caso de los tres primeros la condena solicitada por el Ministerio Fiscal es mayor al tratarse de personas con antecedentes por hechos similares. Además, la multa para cada uno de ellos es de una cantidad próxima a los 1.400 euros.
Durante las cuestiones previas que han acabado con la suspensión del juicio, la abogada defensora de los acusados ha mencionado que en el informe pericial aparecen diversos errores a la hora de nombrar las cantidades de drogas que fueron aprehendidas. Entre ellas, que figuran como gramos en lugar de miligramos; por lo que es aún más importante la comparecencia del perito que realizó el informe.
Los individuos fueron detenidos el 23 de febrero de 2017. Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional, dentro de su labor de investigación de grupos organizados dedicados al tráfico de drogas, tuvieron conocimiento de que uno de ellos podía desarrollar su actividad ilícita en el citado domicilio, por lo que desde hacía tiempo realizaban labores de investigación y vigilancia, en las que pudieron determinar que al mismo acudían asiduamente, a cualquier hora, personas que eran conocidas policialmente como consumidoras, ya que en diversas ocasiones se les incautaron sustancias estupefacientes.
Aquel día 23 y con el mandamiento judicial de entrada y registro se efectuó el mismo tanto en el domicilio como en el garaje de la vivienda. La práctica de la diligencia fue problemática en extremo, debido a las medidas de seguridad adoptadas por los ocupantes de la vivienda, según señalaron fuentes policiales, "para garantizar el ejercicio de su actividad ilícita y dificultar la incautación de sustancias en caso de intervención policial". Para la entrada fue preciso derribar dos puertas, una de ellas blindada con numerosos candados y una viga metálica vertical incrustada en el suelo tras una de ellas, operación en la que transcurrió casi media hora.
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