Casi una década después, la Audiencia Provincial juzga la causa de la macroestafa de Alba de Tormes

Se trata de la mayor estafa organizada de la historia reciente de la provincia de Salamanca, ya que 150 personas se vieron afectadas por la compraventa fraudulenta de vehículos, ya que el acusado se aprovechaba de los datos personales obtenidos de los compradores para solicitar créditos a una entidad bancaria y cobrarlos él mismo

 Macroestafa Barbarín Alba
Macroestafa Barbarín Alba

Más de nueve años después de ocurrir, la Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido en la mañana de este miércoles, 10 de abril, la primera y presumiblemente definitiva sesión de la vista oral contra Andrés Barbarín Briñón, autor confeso de la macroestafa de Alba de Tormes, en la que unas 150 personas se vieron afectadas por la compraventa fraudulenta de vehículos, cuyo montante estafado asciende a casi 2 millones de euros.

El modus operandi del presunto estafador consistía en vender cada automóvil al precio que creyera conveniente y, tras recibir el pago, en muchas de las ocasiones en metálico y al contado, se encargaba de pedir préstamos a nombre del comprador falsificando los documentos de identidad; un préstamo que posteriormente cobraba él, pero que a efectos legales y a largo plazo tenía que ser abonado por el titular, es decir, el comprador del turismo, que desconocía tal situación.

Sin embargo y pese a que el principal afectado por la estafa, el banco BBVA, solicitaba para el acusado una condena de 42 años de prisión y el pago de 1,8 millones de euros; la defensa ha llegado a un acuerdo con el representante del Ministerio Fiscal para que Barbarín sea condenado finalmente a la pena de 5 años y 3 meses de prisión (1 año y 9 meses por un delito continuado de falsedad documental y 3 años y 6 meses por el delito continuado de estafa); así como al pago de una multa de poco más de 1.000 euros. Entre otras acusaciones, también se ha personado una asociación de afectados de la macroestafa, que representa a 80 personas, cuyo letrado solicita una condena de 9 años de reclusión.

Pese a que el acusado ha declinado responder a las preguntas realizadas por las partes; sí que han testificado cuatro testigos, dos de ellos del banco BBVA y los otros dos agentes de la Guardia Civil que realizaron la investigación. Uno de estos últimos ha señalado que Barbarín era todo un experto a la hora de falsificar documentos de identidad de los afectos para pedir los créditos; llegando a modificar la edad de los titulares si creía conveniente y manipulando los códigos de numerosos dígitos que aparecen en los carnés de identidad. "Era un gran experto. Todos los documentos estaban muy bien manipulados", ha asegurado el agente.

El inicio del juicio se ha demorado más de dos horas por cuestiones previas y por un problema en el auto de apertura de juicio oral, que según la abogada de la entidad bancaria era farragoso y daba a entender que el BBVA podía ser responsable civil subsidiario cuando en realidad era un perjudicado. Así lo ha considerado también el Alto Tribunal tras su deliberación. 

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