Los hechos se remontaban a los años 2016 y 2017, cuando el hombre desempeñaba el cargo de brigada en el puesto de la Guardia Civil de Pontevedra, lo que le llevó a hacerse cargo del caso de la mujer, que había denunciado a su pareja por violencia de género. Se le acusaba de los delitos de solicitud sexual, negociación y actividad prohibida al funcionario y abuso de su función.
El tribunal relata en la sentencia que el sospechoso, que era quien supervisaba y decidía en las actuaciones relativas a la violencia de género y a las órdenes de protección vigentes, conocía "con motivo de su actuación profesional" el teléfono de la denunciante, así como que ejercía la prostitución y era consumidora de sustancias estupefacientes.
Además, considera acreditado que el 26 de mayo de 2016 la llamó por teléfono y quedaron en un bar. Ese día, según el fallo, "acudieron y subieron juntos" al cuartel de la Guardia Civil en el que residía el sospechoso, "donde permanecieron al menos durante diez minutos, sin que se hayan acreditado otros hechos", en referencia al encuentro sexual que la mujer denunciaba que aceptó porque él le había prometido hacerse cargo del alquiler de su vivienda.
"La falta de ética que en cualquiera de los casos pueda derivarse del comportamiento del acusado subiendo a su domicilio particular con una víctima de violencia de género o incluso la sanción que tal acto pudiera merecer en el ámbito disciplinario no suponen que en este caso concurran los elementos exigidos por el tipo penal por el que se ha formulado acusación", señalan las magistradas.
A mayores, subrayan en la sentencia absolutoria que "no consta" que el consentimiento de la denunciante hubiera estado "mediatizado ni condicionado en forma alguna ni por la condición de funcionario público del acusado ni específicamente por su consideración de víctima de violencia de género".
El Fiscal, que pedía para el agente 18 meses de prisión, consideraba que el hombre, conocedor de que la mujer ejercía la prostitución y pasaba por dificultades económicas, "doblegó su voluntad" prometiéndole sufragar el pago del alquiler de su vivienda a cambio de mantener relaciones sexuales, algo que ha descartado la sentencia.
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