La Asociación de Perjudicados por el Crematorio del Camino del Cementerio 54 expresa su “indignación” por la sucesión de acontecimientos en torno a la problemática sobre este crematorio-velatorio. En un principio, los vecinos que mostraron su descontento por la instalación de este crematorio recibieron la indiferencia total del equipo de gobierno del Ayuntamiento en aquel momento, en 2013, según señala la Asociación.
Ante esta postura, los vecinos apuntan que “no hubo más remedio que, agotados todos los recursos, acudir a la vía judicial”. La razón se dio a los vecinos sentencia tras sentencia, según señalan. Lejos de recibir las disculpas y resolver los problemas creados, los vecinos dicen que se encontraron que, en lugar de verse apoyados, el ayuntamiento recurrió las sentencias defendiendo los intereses de una empresa. Así mismo, se han tenido que abonar elevadas costas judiciales con cargo a las arcas públicas, aparte de los gastos que hayan supuesto la interposición de los diferentes recursos, como apunta la Asociación.
Por otro lado, los vecinos dicen no entender que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento haya retrasado la petición de informes técnicos pertinentes para resolver las alegaciones realizadas tras la votación de agosto y el retraso para presentar este asunto tanto a la Comisión como al Pleno Ordinario.
Tampoco encuentran explicación, continúan, a la actividad de incineraciones y velatorios de esta empresa. Teniendo en cuenta que el propio Ayuntamiento decretó la revocación de las licencias a finales del mes de enero de 2018, inexplicablemente este establecimiento ha continuado con su actividad a la vista de todos los vecinos, celebrando velatorios y realizando incineraciones.
Precisamente, recientemente varios vecinos observaron el funcionamiento del horno crematorio al ver salir humo de su chimenea, solicitando la presencia de una patrulla de la Policía Local para que fueran testigos de su funcionamiento. Cabe recordar que en abril, el Ayuntamiento fue notificado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a través de una sentencia ejecutoria “el cese de la actividad desarrollada en las instalaciones de autos, con el consecuente cierre y precinto del crematorio-velatorio".
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