La Dirección General de la Policía ha accedido a iniciar los trámites para la compra de 1.000 pistolas eléctricas que, una vez cuenten con el visto bueno de la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración General del Estado, se distribuirán en el trienio 2020-2022, a razón de 300 unidades durante cada uno de los dos primeros años y 400 en el tercero.
Esta decisión, que supone un avance histórico ante las reiteradas negativas a contar con este elemento esencial de protección física y jurídica para los policías, no es, sin embargo, suficiente", ha asegurado el sindicato.
En este sentido, SUP ha recordado que el número de bajas de agentes en lo que va de año en intervenciones policiales (1.443) podría, a su juicio, "reducirse de manera drástica" en el caso de contar con pistolas eléctricas, ya que, según estudios técnicos, existe una media del 70 por ciento menos de siniestralidad si se utiliza ese dispositivo.
Teniendo en cuenta que la duración media de esas bajas por intervenciones en la calle es de 66 días y el coste que eso supone para la Administración, el sindicato ha apuntado que "podrían comprarse al menos otras 1.500 defensas eléctricas cada año a sumar a estas 1.000 que va a adquirir ahora la DGP".
"Llevamos años trabajando por la introducción de la pistola eléctrica en el equipamiento policial porque amplía el catálogo de medios no letales a los que pueden recurrir los agentes para hacer frente a la violencia", ha concluido el SUP.
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