¿Qué es el pin parental?

¿Qué es el pin parental?
¿Qué es el pin parental?

El denominado pin parental se ha convertido en las últimas horas en epicentro de un relevante debate escolar. Según publica El Mundo, el Gobierno tiene intención de recurrirlo allí donde se implante. Sin embargo, Vox asegura que "los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos" y la organización Hazte Oír ha anunciado que denunciará a los directores de los colegios que lo "obstaculicen"

Otros padres y asociaciones están movilizándose para protestar contra la herramienta, ya puesta en marcha en Murcia. En Andalucía y la Comunidad de Madrid es posible que también se aplique.

¿Qué es el pin parental?

Según Vox, la formación política que incluyó en su programa esta medida, "se trata de una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos" para que informe previamente, "a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos" para que los progenitores puedan conocerlas y analizarlas de antemano, "reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación". 

¿Cuál es la polémica?

Según recoge 20minutos, con esta medida, los padres pueden limitar la participación de los alumnos en ciertos talleres, sobre todo los de sexualidad, que son los más mencionados por el partido de Abascal en sus intervenciones. Sin embargo, los contenidos sobre esta materia y LGTBI están contemplados en las leyes autonómicas y tienen el objetivo de educar en la diversidad.

¿Por qué lo quiso instaurar Vox?

El pin parental fue una de las medidas estrella de Vox en las elecciones generales y en las intervenciones públicas, así como en su programa, ha defendido la necesidad de su implantación "ante el evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren nuestros menores en los centros educativos, en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género".

¿Se ha puesto en marcha en alguna parte?

Desde septiembre de 2019 está implantado en Murcia. En agosto, la Consejería de Educación, del PP, dictó una resolución con las instrucciones de comienzo de curso 2019/2020 en las que se establece que "se dará conocimiento a las familias" al comienzo de curso de "las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular" y son impartidas por personal ajeno al centro educativo "con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades".

Esta resolución, según explican en la Consejería, fue uno de los requisitos para que Vox apoyara la investidura del PP. Ahora ha servido para cerrar un acuerdo, con Ciudadanos, para apoyar los presupuestos de la región.

¿Se va a implantar en alguna Comunidad más?

El pin parental es arma de negociación en el marco de la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid: Ciudadanos se opone, pero la Consejería de Educación es del PP, como en Murcia. En Andalucía también fue condición de Vox para aprobar los presupuestos y aún no se ha implantado. 

¿Qué postura defiende el Gobierno central?

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha advertido que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado" como el 'pin parental', según ha anunciado la ministra Isabel Celaá.

Para Celaá, el pin parental "vulnera el derecho fundamental y constitucional a ser educado".

El propio Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias que el derecho a la objeción de conciencia solo existe en nuestro ordenamiento en los casos expresamente contemplados por la Constitución y las leyes.

Por su parte, los colectivos LGTBI consideran que esta medida supone privar a los menores de su derecho a conocer la realidad y seguir desprotegiendo a la infancia.

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