STECyL ha aprovechado este 1 de mayo, día internacional de las trabajadores y los trabajadores, para enviar un comunicado y recordar que "la clase trabajadora, primero" y que se deben proteger los servicios públicos.
El sindicato aprovecha para explicar que 2020 será recordado como el año de la crisis sanitaria del coronavirus y que arrebató miles de vidas, la mayor parte de ellas de personas mayores y de clase obrera.
"En estas circunstancias excepcionales de crisis sanitaria, social y económica, hemos podido ser testigos de cómo su solidaridad pasa por alguna limosna casi insultante, por los despidos masivos, por los ERTE o por cuestionar las medidas de carácter sanitario y social tomadas por los diferentes gobiernos, con un discurso apocalíptico y grosero de la derecha más tramontana española y de otros países que, únicamente, pretende esconder sus verdaderos intereses y sus vergüenzas", explican en el comunicado.
Y concluyen: "A partir de ahora, nada debe ser lo mismo; no podemos consentir que pase la crisis y todo vuelva a la normalidad anterior, porque de la experiencia se debe aprender y ha quedado claro que una sanidad pública potente es imprescindible; como también lo son la educación pública, los servicios sociales, los servicios públicos de emergencia, los sistemas de protección social, incluyendo las pensiones y la renta básica universal; la vivienda o el transporte público; así como otros sectores estratégicos, ahora privatizados, que deberían devolver, al menos parcialmente, a manos públicas como el energético, el financiero o el farmacéutico.
Ahora bien, si es importante reivindicar unos servicios públicos de calidad, no lo es menos exigir una intervención más rigurosa de los poderes públicos en la regulación de la actividad económica para salvaguardar el interés general. Si atendemos a las predicciones del FMI, se acercan tiempos convulsos, con una previsión de la tasa de desempleo que, en el peor de los escenarios, puede volver a situarse, de nuevo, por encima del 25%. Razón más que suficiente para decir que, como clase trabajadora, no estamos dispuestos a tolerar que la crisis la volvamos a pagar nosotros y que exigimos un mayor control sobre las relaciones laborales, de forma que, empezando por la derogación inmediata de las reformas laborales de 2010 y 2012, se prioricen medidas radicales de protección del empleo, por delante de cualquier consideración hacia la libertad y la capacidad de autorregulación del mercado".
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