En el caso de Comunidad Valenciana, ha solicitado autorización para formalizar operaciones de préstamo a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones, por un importe máximo de 50 millones de euros, que, de acuerdo con la solicitud, se destina a financiar inversiones para reparación de daños producidos en diferentes infraestructuras públicas de la Comunidad Valenciana causados por los episodios de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que afectaron en 2019.
Por su parte, Castilla y León ha pedido autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo por parte de esta administración autonómica y de otros entes públicos, por un máximo de 882 millones.
En paralelo, Castilla-La Mancha ha solicitado autorización para realizar una operación de préstamo a largo plazo con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa por un importe máximo de 150 millones de euros, para la financiación parcial de la contribución de la región en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 y del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.
Estas tres autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2020.
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