El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha abogado por establecer las “mejores condiciones” para que los ganaderos tengan “una respuesta pronto y temprana” en cuanto se conozcan daños por parte del lobo, al tiempo que reconoció ser consciente de que “puede haber daños” y que “hay que establecer sistemas de ayuda ágiles eficientes y equiparables en el conjunto del territorio”.
En este sentido, señaló que “hay que ser conscientes de que la actividad ganadera y la protección del lobo son compatibles” y que “además de lo que se trata es de establecer un marco equiparable en el conjunto del país” dado que, según puso como ejemplo, en Asturias la caza está prohibida y en todo el territorio en Castilla y León, se tiene, por un lado “el norte del Duero la Junta no lo tiene prohibido y en el sur sí porque obliga Europa”.
“Lo que se trata es de establecer un marco homogéneo para todo el país y una respuesta homogénea para todos los ganaderos del país porque las ayudas también son muy disímiles (no son homogéneas) las que se dan en cada una de las comunidadesy, por otro lado, en algunos sitios se tarda bastante más que en otros en conceder esas ayudas”, argumentó.
En este contexto, Izquierdo subrayó que el Gobierno piensa que “es perfectamente compatible la protección de la especie con el desarrollo de la actividad ganadera” y apostó por que “lo que se tiene que hacer es establecer las mejores condiciones para que los ganaderos tengan una respuesta pronto y temprana en cuanto se conozcan daños por parte del lobo”.
Nueve comunidades -Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Aragón, Andalucía, Madrid, Murcia, País Vasco- así como la ciudad autónoma de Ceuta, y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA impulsaron ayer una iniciativa común para reclamar al Gobierno que retire el procedimiento de aprobación de la orden por la que se pretende incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
La cumbre ‘online’ acordó una carta abierta a toda la ciudadanía de apoyo a la gestión del lobo ibérico desde el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia. Así, piden que una vez suspendido el proceso de cambio de estatus legal del lobo, se abra un proceso de diálogo y consenso por parte de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con todos los actores implicados, con el objetivo de negociar un plan global de gestión del lobo ibérico que garantice su preservación y el futuro de la ganadería extensiva.
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