El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha registrado un escrito para resolver las dudas jurídicas en torno a las sanciones que se están tramitando a personas con discapacidad que, además, cuentan con movilidad reducida, por aparcar en zonas de estacionamiento limitado (zonas ORA) de la ciudad. Esta cuestión surge tras comprobar que la normativa municipal vigente desde el año 2019 que restringe derechos a las personas con discapacidad es muy probable que sea contraria a la normativa estatal que regula la emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para este colectivo.
En concreto, la normativa estatal se basa en el Real Decreto 1056/2014 por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, en vigor desde el 24 de diciembre de 2014. Esta norma sostiene que las tarjetas de estacionamiento concedidas por las administraciones públicas competentes tendrán validez en todo el territorio español y que las entidades locales son competentes para emitirlas.
Entre los derechos de los titulares y limitaciones de uso, se reconoce el “estacionamiento de las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el tiempo necesario, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera”, que indica que “los municipios en los que, a la entrada en vigor de este real decreto, se vinieran aplicando tarifas por el estacionamiento en plazas de aparcamiento de tiempo limitado sin eximir a los titulares de las tarjetas de estacionamiento, podrán mantener este régimen para dicho supuesto, siempre que acrediten el cumplimiento de la obligación de garantizar el número mínimo de plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, prevista en la normativa que sea de aplicación”.
El Ayuntamiento de Salamanca, en el ámbito de sus competencias, establece las condiciones de acceso a las zonas de estacionamiento limitado. Con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1056/2014 y hasta el año 2018 incluido establecía como supuesto de no sujeción al pago de la tasa por estacionamiento en zona ORA a “los vehículos en posesión de la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, únicamente cuando la persona con discapacidad conduzca el vehículo o sea transportado en él”.
A partir del año 2019, la ordenanza reguladora fue modificada y actualmente establece como supuesto de no sujeción al pago de la tasa por estacionamiento en zonas de aparcamiento limitado (ORA) “los vehículos domiciliados en los municipios de Salamanca y del alfoz en posesión de la tarjeta expedida por el Ayuntamiento de Salamanca para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, únicamente cuando la persona con discapacidad conduzca el vehículo o sea transportado en él”.
A juicio de los concejales socialistas, al haberse producido esta modificación con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1056/2014, no resulta de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria tercera. Por tanto, la modificación de la ordenanza municipal no tendría efecto alguno y las sanciones interpuestas no serían válidas.
El jueves de la semana pasada, el concejal delegado de Policía presentó un nuevo programa de emisión de tarjetas de estacionamiento en zona ORA para personas con movilidad reducida que residan en cualquier municipio de la provincia, una tarjeta para cuya emisión el titular deberá abonar 12,95 euros al año. El PSOE consideró, en un primer momento y con información genérica ofrecida el día anterior a la rueda de prensa, que el planteamiento del Gobierno municipal tenía la cobertura jurídica suficiente, algo que los socialistas comprobaron con posterioridad que no era así.
En el pleno municipal celebrado el pasado viernes, el portavoz socialista reconoció el error de haber creído al Gobierno municipal desde que en el año 2018 propuso la modificación de la ordenanza municipal sin que en ese momento se advirtiera de una posible contradicción con la normativa estatal. En este sentido, y una vez advertido el error por los socialistas, José Luis Mateos conminó a los responsables del Gobierno municipal a rectificar en su planteamiento, paralizar las sanciones en tramitación o tramitadas por este motivo y poner en marcha otros mecanismos de colaboración y control suficientes entre municipios para evitar el fraude en el uso de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad por persona distinta de su titular.
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