La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido en la mañana de este miércoles, 28 de abril, la vista oral para juzgar la comisión de varios delitos relacionados con el incendio de una caravana, que hacía las funciones de taquilla de feria, la madrugada del 9 al 10 de mayo de 2017 en Cabrillas y que acabó con la vida de una de las personas que junto a uno de los acusados, presuntamente, había incendiado este remolque de forma intencionada, después de que el dueño del vehículo les hubiera pagado 500 euros para ello.
En la vista oral han participado dos de los acusados, puesto que el tercero, como se ha mencionado (M.A.G.C.) falleció en la noche de ese 10 de mayo de 2017. Se trata de J.A.L., dueño de la atracción y de la caravana, y V.L., la otra persona a la que había pagado -junto al fallecido- el primer acusado para que incendiara, según la calificación previa del Ministerio Fiscal, una pequeña caravana que hacía las veces de taquilla para la atracción salmantinamente conocida como ‘coches chocones’.
J.A.L., dueño de esta ‘barraca’, se puso en contacto con V.L. y M.A.G.C. para que estos dos últimos la quemaran y así cobrar el seguro. Sin embargo, por las circunstancias que fueran, el fuego provocó una explosión que acabó con la vida del segundo al ser golpeado por una chapa que salió disparada. Todo sucedió a las 00:00 en plenas fiestas de Cabrillas, con la gente que podría haber en el lugar por estos días festivos.
Sin embargo, en la vista oral poco se ha podido aclarar sobre estos hechos, puesto que el dueño de la caravana se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que V.L. solo ha respondido a las preguntas de su propio letrado para dejar claro que él no había participado en el incendio y que había sido M.A.G.C. el responsable directo del mismo. De hecho, según las pocas palabras que ha dicho, él, acompañado con la víctima mortal, llegaron a Cabrillas para estropear alguna de las atracciones que tenía allí J.A.L. porque no les había pagado un trabajo de montaje previo que había tenido lugar en Béjar.
Según ha contado, él le dijo a M.A.G.C. que le quitaran un fusible de la atracción o que pincharan los hinchables, pero el fallecido, según ha contado el acusado, se negó y decidió quemar la caravana. Él ha manifestado que no estaba de acuerdo con esa actuación y se marchó al coche, pero allí al ver a gente salió corriendo para avisar a su compañero, momento en el que, según su declaración, se produjo la explosión. “Me metí en el coche y dos minutos después vi a una persona en la calle principal. Nada más bajarme del coche para avisarle escuché un ruido y vi unos humos negros. Yo me asusté, temblaba y en ese momento le dije: ‘vamos, vamos’, pero no me contestó. Tenía tanto miedo que pensé que se había ido corriendo y me había dejado allí tirado con esos cargos. Yo no sabía que ese chaval estaba allí, porque si lo sé de allí no me hubiera movido, aunque se me cayera el mundo encima”.
Sí que ha habido otros testigos que han pasado por la sala, pero ninguno conocedor directo de los hechos, puesto que se trataba de un vecino del pueblo y el propio alcalde, que solo han manifestado que no había ninguna persona del municipio herida por esta explosión, salvo el fallecido.
Como no ha habido declaración de los acusados, o ha sido mínima en el caso de V.L., la vista oral que estaba pendiente que se desarrollará hasta el jueves, ha concluido en la mañana de este miércoles.
El Ministerio Fiscal solicitaba previamente una pena de 12 años de prisión para ambos por un presunto delito de incendio con peligro para la vida, así mismo, solicitaba para el dueño de la caravana una pena de 5 meses y 5 días por un presunto delito de estafa y otros dos años de prisión para V.L. por otro delito de homicidio imprudente.
Sin embargo, durante la vista oral ha modificado esa petición reduciendo de grado este delito tipificado en el artículo 351 del código penal que apunta lo siguiente: “Los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años. Los Jueces o Tribunales podrán imponer la pena inferior en grado atendidas la menor entidad del peligro causado y las demás circunstancias del hecho”. Por lo que la reducción de grado de este delito, dejaría la petición de pena de prisión a cinco años para cada uno.
Del mismo modo, y como el dueño de la caravana ha asegurado -después de no haber declarado sobre los hechos que se enjuiciaban- que no reclamó al seguro por el incendio de la caravana, el representante del Ministerio Fiscal ha estimado oportuno retirar el delito de estafa por el que se le acusaba. Así mismo, ha reducido la petición de pena de cárcel por la comisión de un delito de homicidio imprudente para V.L., quedándose en un año en vez de dos que se solicitaba previamente.
El juicio, que ha sido aplazado hasta en tres ocasiones y que casi se va a cumplir cuatro años desde que sucedieron los hechos, ha quedado visto para sentencia.
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