El Consejo de Ministros ha aprobado los convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas -todas, excepto País Vasco y Navarra-, y el Ingesa para el control de la incapacidad temporal en el período 2017-2020. Asimismo, se fijan los créditos destinados a financiar dichos acuerdos.
Los dieciséis convenios a los que el Ejecutivo ha dado luz verde persiguen mejorar la colaboración y coordinación entre los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas y las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social para el control eficaz de esta prestación sin generar molestias innecesarias a los trabajadores.
Todos los acuerdos contemplan dos apartados: un programa de actividades para modernizar la prestación de Incapacidad Temporal, al que se supedita el 60% del crédito, y unos objetivos de racionalización del gasto para cada año, para los que se reserva el 40% restante.
Novedades
Se aumenta del 20 al 22% el porcentaje de crédito destinado a la transmisión telemática de partes médicos de baja, confirmación y alta. La correcta cumplimentación de los partes es clave para que el traslado de la información gane en agilidad y calidad.
Se incrementa la formación de los médicos de atención primaria para que conozcan las circunstancias que atañen a la Incapacidad Temporal como prestación en la que participan los Servicios Públicos de Salud.
Se intensifica el acceso telemático a las historias clínicas de atención primaria. La información de los servicios Públicos de Salud es básica para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social pueda conocer las dolencias de los trabajadores y valorar la recuperación o incapacidad de estos. Además, se avanza en la equiparación en el acceso al historial en atención especializada.
Se incrementa la asignación de crédito a la gestión de las propuestas de alta que envían las mutuas colaboradoras a los Servicios Públicos de Salud con la finalidad de que estos se impliquen en esas valoraciones, y al objetivo de racionalización del gasto. En ambos casos, la meta es asegurar que el gasto del Sistema se destina a su objetivo primordial que es proteger adecuadamente a los trabajadores que se encuentran incapacitados para el trabajo.
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