El concejal y diputado provincial Gabriel de la Mora se enfrentará a año y medio de cárcel por injurias a dos policías nacionales

El concejal y diputado provincial Gabriel de la Mora se enfrentará a año y medio de cárcel por injurias a dos policías nacionales
La acusación particular solicita también para el edil de Ganemos siete meses de inhabilitación y 8.000 euros de indemnización. El fiscal por el momento no se pronunciará sobre una petición de pena y esperará al desarrollo del juicio. De la Mora declarará por acusar a agentes de tortura durante una intervención policial en el barrio El Carmen para localizar a un menor de edad fugado, pues a través de las redes sociales escribió un mensaje en el que decía “se han jartado a pegar a una anciana y su familia” y “luego los polis se han dedicado a cortar las calles para obligar a la gente a borrar sus móviles y así poder ocultar las pruebas de sus delitos y fechorías”. Esos hechos ya fueron juzgados y la sentencia establece que fueron los policías los agredidos
 

La Policía Nacional se querelló hace casi dos años contra Gabriel de la Mora, concejal del grupo Ganemos en el Ayuntamiento de Salamanca y diputado provincial, por las declaraciones realizadas a través de una red social contra agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Salamanca tras una intervención en el barrio del Carmen. Tras considerar la Justicia que hay motivos para juzgar a De la Mora, rechazando su último recurso y decretando una vista oral como imputado, llegan las calificaciones de las partes.

Gabriel de la Mora se enfrenta de momento a un año y medio de cárcel, siete meses de inhabilitación y 8.000 euros de indemnización, según la petición que realiza la acusación particular. El fiscal por el momento no se pronunciará sobre una petición de pena y esperará al desarrollo del juicio.

Como ya publicara SALAMANCA24HORAS, a raíz de la detención de un menor de edad fugado en la calle Sierra de Béjar de Salamanca, que se saldó con la detención de cuatro personas por agredir a agentes, Gabriel de la Mora efectuó el siguiente comentario: “Es la policía, más bien dos concretos policías con antecedentes de tortura, los que se han jartado a pegar a una anciana y su familia, lo que ha desencadenado la legítima defensa y que todo el barrio se acercara grabar en vídeo lo que estaba pasando”.

Y continuaba: “Luego los polis se han dedicado a cortar las calles para obligar a la gente a borrar sus móviles y así poder ocultar las pruebas de sus delitos y fechorías. A continuación se van al hospital amigo a que les prepare el consiguiente parte de lesiones para así justificar las detenciones ilegales que practican, y por supuesto mandar el consiguiente comunicado oficial con su peculiar versión de los hechos y que la acomodaticia prensa ni siquiera se planteará contrastar”.

Ante tan graves acusaciones consideradas injuriosas, difamatorias y calumniantes, afirma la Confederación Española de Policía, “toda vez que los agentes intervinientes carecen de antecedentes penales, tienen una hoja de servicios impecable y un expediente profesional brillante; la repercusión social que tiene la publicación de estos comentarios inveraces a través de las redes sociales, perjudica y daña la imagen profesional y personal de los Agentes de Policía Nacional que en todo momento intervinieron de conformidad con los principios legales rectores de la actuación policial”, según dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Añaden que "su actuación fue necesaria, inmediata y proporcional, utilizando la fuerza mínima indispensable para reducir la actitud violenta con la que actuaron los detenidos”. 

Ganemos y Gabriel de la Mora insisten en sus acusaciones

De hecho, estos hechos ya fueron juzgados y la sentencia establece que fueron los policías los agredidos. Pero Ganemos insiste en lo contrario y en un comunicado afirma que “los agentes detuvieron a los vecinos que habían presenciado otra actuación policial, también desproporcionada, contra un menor que había sustraído supuestamente una bicicleta y que había huido del centro de detención de menores de Zambrana, motivo por el que estaba en busca y captura”.

Durante la instrucción del caso, Gabriel de la Mora echó la culpa a la Ley de Seguridad Ciudadana por la creencia que le otorga a la Policía de borrar vídeos. El edil insiste, en un comunicado de este mismo martes, diciendo que “lo más preocupante, quizás, no es lo que se refiere a mi caso en particular, sino la generalización de una actitud persecutoria en redes sociales de ciertos sectores del sistema establecido, al aplicar la ‘Ley Mordaza’ en estas redes y pretender limitar el derecho la libertad de expresión”.

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