La Unión General de Trabajadores (UGT) cree que las cifras son incuestionables, “los salarios en España son muy bajos en términos generales, especialmente reducidos entre el 50% que menos gana”, ya demás creen que son insuficientes para llegar a fin de mes y poder desarrollar una vida personal y familiar con unas mínimas garantías de calidad de vida. Opinan que son “salarios de miseria, consecuentes con el elevado nivel de precariedad del empleo existente”.
El problema parte, según UGT, de “las injustas políticas aplicadas desde 2010 que han provocado que pierdan continuamente quienes menos capacidad de defensa tienen”, refiriéndose a los asalariados frente a los empresarios y rentistas, además de aquellos con menor renta, “los que tienen menor capacidad de resistencia”.
Desde este sindicato observan que este comportamiento “se ha agudizado desde la pasada gran recesión, porque las recetas que han aplicado y siguen aplicando los gobiernos castigan precisamente a esos ciudadanos más vulnerables”.
Así pues piensan que el ajuste salarial afecta más a los que ya se encuentran en situación precaria al igual que el recorte de los servicios sanitarios y los copagos perjudican mucho más a los enfermos crónicos, a las personas mayores y a los que tienen menores rentas, entre otros sectores.
Los ganadores globales, para UGT, son los especuladores, “las grandes corporaciones que mueven sus capitales de paraíso fiscal en paraíso fiscal, los defraudadores tributarios a los que se les aplica amnistías indecentes, las empresas que operan en mercados protegidos y aprovechan para recortar derechos laborales, las grandes fortunas y patrimonios”.
Como creen que esta situación es insostenible, y por eso han presentado la campaña #PonteA1000 , mediante el Secretario de Política Sindical, Gonzalo Pino, y la Secretaria Ejecutiva Confederal, Isabel Araque, en la que se demanda un mínimo salarial de 1.000 euros.
Una reivindicación que el sindicato propondrá a las organizaciones empresariales, en el marco del diálogo social y en la negociación colectiva, para para exigir el establecimiento en todos los convenios de un salario mínimo garantizado de 1.000 euros al mes, y al Gobierno para exigir el aumento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar antes de 2020 la cuantía de 1.000 euros mensuales, que actualmente se sitúa en los 707,7 euros.
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