Las tres plataformas en contra de las minas en Ávila, Stop Uranio de Salamanca, una representante de la problemática minera en Ciudad Real y la recién creada plataforma ‘Salvemos la montaña, No a la mina de Valdeflores de Cáceres’, han participado, invitados por Ecologistas en Acción, en el evento que esta organización ha llevado a cabo en Madrid, bajo el lema ‘Las minas nos matan. Protejamos el suelo de la especulación minera’. Un evento enmarcado dentro de la campaña internacional ‘People4Soil’, con la que se pretende conseguir una directiva europea de protección del suelo, que también contó con la participación de En el mismo se desgranaron algunos de los puntos clave sobre la estrategia minera que amenaza a España y se aportaron datos llamativos como las 2.000 solicitudes de concesiones existentes en el territorio español.
En el marco de la editorial ‘Traficantes de sueños’, y bajo la moderación de María José Esteso, responsable de la revista Ecologista, Paula Tordesillas, coordinadora de la campaña ‘Salva el suelo’, de Ecologistas en Acción, destacó que entre los objetivos de ‘People4Soil’ figura establecer el suelo como patrimonio común necesitado de protección, con un marco jurídico vinculante, que incluya sus principales amenazas, entre las que se podría encontrar la minería. Sin embargo, la ecologista reconoció que “los lobbies no permiten que se lleve adelante una normativa europea en este sentido”.
Una de las tendencias que se están dando actualmente es el de la minería a cielo abierto, con los problemas que la misma acarrea, advirtió. “Se necesitan grandes cantidades de agua que las poblaciones afectadas no tienen. Contaminación acústica e hidráulica. Riesgos para la salud. Y todo ello sin olvidar las restauraciones incompletas de las tierras en las que se han instalado”, para lo que, dijo, “deberían dejar una fianza”.
Normativa
Consecuencias a las que Elena Solís, abogada y activista contra el proyecto minero de tierras raras, previsto en el Campo de Montiel, en Ciudad Real, añadió el efecto de la despoblación porque “al final la gente se tiene que ir de su tierra”. Esto ocurre porque la Ley de Minas del 73 permite la expropiación allí donde hay recursos mineros, con un periodo de explotación de hasta 90 años. Solís afirmó que todo esto se considera como “violencia”, “una violencia lenta que afecta a los medios de subsistencia de los pobladores, así como a su salud, aunque la picaresca ambiental hace que resulte difícil certificar las causas de una enfermedad grave y ligarlas a este tipo de actividades”.
Para Elena Solís, la especulación se produce porque ya no hay recursos. La construcción ha caído en picado, el petróleo está en crisis… el siguiente paso es la minería, aseguró. ¿A quién dan las tierras? “A individuos que vienen de fuera”, afirmó, “que en muchos casos no tienen experiencia minera y especulan con los derechos mineros. Es más, manifestó que la Ley de Minas del 73 hace posible que las empresas sean indemnizadas si el proyecto no llega a buen fin, ya que los mismos se pueden asegurar. Las compañías mineras aseguran la posibilidad de que no salga la mina y si esto ocurre, cobran los seguros. La aseguradora se peleará en los tribunales con la CC.AA. autónoma correspondiente para que le indemnicen el lucro cesante.
También advirtió que el verdadero negocio no estaría en la extracción de minerales sino de la picaresca de las empresas mineras, que jugarían con la posibilidad de conseguir nuevos permisos para que sus acciones suban en la Bolsa.
Y recordó que detrás de todo esto está la Estrategia Europea de Minerales, de la que depende la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León.
Estrategia
Sobre la misma hablaron los representantes de las plataformas ciudadanas ‘No a la mina en la Sierra de Ávila’, ‘No a la mina en la Sierra de Yemas’ y ‘No a la mina en el Valle del Corneja’.
La representante de la Sierra de Ávila destacó que la Junta de Castilla y León prácticamente pone la alfombra roja a las empresas mineras, perjudicando a sectores estratégicos como la ganadería, la agricultura o el turismo rural.
Olga Herrero, portavoz del Valle del Corneja, dio a conocer que la provincia abulense está aquejada, de momento, por 4 expedientes mineros, de los 33 previstos. Tres plataformas para tres realidades diferentes, ya que cada una está en diferente fase y en las que se pretende extraer feldespato para explotarlo en empresas de Levante. La Sierra de Yemas afronta, con el permiso de investigación, la fase inicial del proyecto Riofrío 1.146, ante la que han presentado 11.000 alegaciones en contra. El Valle de Corneja, con dos expedientes en vigor: Sonsoles 1.138 y Villatoro 1.143, ha recurrido con 4.500 recursos de alzada contra el permiso de extracción. Y la Sierra de Ávila, con Leito 1.122, afronta la fase de explotación, pendientes de la declaración de impacto medioambiental desde hace un año, y contra el que se han interpuesto 4.000 alegaciones.
Ubicadas en zonas de alto valor ecológico y etnográfico estas tres zonas pretenden ser explotadas por empresas como Antonio y Javi S.L., (ajena al sector minero) y Transportes, Excavaciones y Hormigones Sonsoles S.L., especializada en la construcción. Compañías a las que las Plataformas califican de “cazapermisos” o “empresas fantasma”.
Por su parte, el portavoz de la Sierra de Yemas denuncia el “oscurantismo” consciente de las empresas mineras y de las secciones de Minas de la Junta de Castilla y León, en Ávila. Asegura que los proyectos abulenses se están tramitando y saliendo a información pública con cuentagotas, porque si salieran a la luz los 33 en bloque, la Administración estaría obligada a llevar a cabo un plan respecto al cambio de desarrollo económico de la provincia, con su consecuente estudio de impacto ambiental ordinario. Así lo establece la Ley 21/2013, y obligación del periodo de información pública, donde todos y cada uno de los abulenses podrían alegar qué futuro vital, económico y de subsistencia quieren para ellos y para sus descendientes. Además, considera que parece evidente, que a pesar de las exigencias legales, “este un melón” que ni las empresas especuladoras mineras, ni la propia Junta de Castilla y León quieren abrir, hurtándonos a todos los abulenses del ejercicio de nuestros derechos.
Aquejados por la misma estrategia minera, pero con el proyecto más avanzado de cuantos se expusieron, se encuentran los vecinos de Retortillo, en Salamanca, quienes se oponen a la mina de uranio en sus tierras. José Ramón Barrueco, portavoz de la plataforma ‘Stop Uranio’, recuerda que la multinacional australiana Berkeley ha obtenido la declaración de impacto medioambiental favorable por parte de la Junta y concesión minera, aunque le falta la autorización de construcción de la planta de beneficio de mineral con informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear. El último paso sería la licencia urbanística, pendiente de esa autorización de construcción de la planta.
Todos los participantes en este evento, aquejados por proyectos especuladores depredadores similares, consideran necesario “estrechar lazos, buscar espacios de lucha en común y elevar la protesta de sus respectivas minerías provinciales a un plano nacional, ya que el problema es común en toda la nación”. Las plataformas nacidas en cada comarca desean unir fuerzas y alzar sus respectivas voces unánimemente contra estos proyectos depredadores que, poco o ningún beneficio van a aportar a sus comarcas, excepto la destrucción de sus actividades sostenibles, su sostenibilidad y su futuro en sus pueblos.
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