La Policía Local se incauta en el rastro de 300 kilos de cerezas y 74 pares de zapatillas presuntamente falsificadas 

La Ordenanza municipal reguladora de la venta en la vía pública, fuera de establecimientos permanentes considera la comercialización de artículos, mercancías o productos adulterados, fraudulentos o falsificados o que, además, pudieran poner en riesgo la seguridad de los consumidores, como una infracción muy grave que puede derivar en una sanción económica de hasta 3.000 euros

 La Policía Local se incauta en el rastro de 300 kilos de cerezas y 74 pares de zapatillas presuntamente falsificadas 
La Policía Local se incauta en el rastro de 300 kilos de cerezas y 74 pares de zapatillas presuntamente falsificadas 

La Policía Local de Salamanca se ha incautado este domingo en el rastro de La Aldehuela de varios productos falsificados y, por tanto, fraudulentos, así como de alimentos carentes de los preceptivos controles y requisitos sanitarios. 

En concreto, los agentes han decomisado unos 300 kilogramos de cerezas dentro del operativo de la Policía Local contra la venta de productos perecederos sin ningún tipo  de requisito sanitario y trazabilidad, así como 74 pares de zapatillas de varias marcas presuntamente falsificadas.

Los agentes han identificado y denunciado a los vendedores.

Normativa legal

El Código Penal enumera los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial y determina sanciones económicas, administrativas y penales para quien, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular, fabrique, importe, posea, utiliza, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por los derechos de propiedad (artículo 273). 

La Ordenanza municipal reguladora de la venta en la vía pública, fuera de establecimientos permanentes, en su artículo 37, considera la comercialización de artículos, mercancías o productos adulterados, fraudulentos o falsificados o que, además, pudieran poner en riesgo la seguridad de los consumidores, como una infracción muy grave que puede derivar en una sanción económica de hasta 3.000 euros y en la revocación de los puestos o autorizaciones de venta, cuando aquella se produce en puestos legales. 

 

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