La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el sector, asiste con preocupación a “la falta de coordinación, al exceso de improvisación y la ausencia de claridad” en la puesta en marcha de los juzgados dedicados a las reclamaciones por las cláusulas suelo de las hipotecas.
Para CSIF es lamentable que no se sepan los medios materiales y personales que se ponen a disposición. “Asistimos con preocupación al triste espectáculo que están ofreciendo las diferentes administraciones e instituciones que lanzan propuestas sin el apoyo suficiente de medios materiales y personales, a otras que se rebelan contra la propuesta del Consejo General del Poder Judicial y que, abiertamente, dicen que van a hacer lo que les dé la gana y a un tercer grupo que, ni ha hecho nada ni se le espera”, añade.
En este sentido, el sindicato se pregunta si, en su momento, se evaluaron los trámites que el artículo 98.2 de la LOPJ establece, precisamente, para asegurar el acuerdo que permita la dotación de esos medios materiales y personales adecuados y suficientes para llevar a cabo la iniciativa: informe favorable del Ministerio de Justicia y trámite de audiencia a las Salas de Gobierno y a las comunidades autónomas con competencias.
“¿Qué dijeron cada uno de esas administraciones y órganos al respecto? Si la contestación fue negativa, ¿por qué se decidió ir adelante con la medida sabiendo que no contaba con apenas apoyo? Y sobre todo en este contexto, ¿qué sentido tiene la declaración del pleno del Consejo de 23 de febrero en el sentido de que si no había medios suficientes, no se iba a aplicar la medida? ¿Existen los medios o no existen?”, se pregunta CSIF.
Y concluye: “Nada de esto se ha hecho y, hoy estamos como estamos. A la espera de una reunión de última hora para ver si se ponen de acuerdo tras cuatro meses mareando la perdiz. Y mientras tanto, los funcionarios no tienen ni idea de lo que tienen que hacer y de cuanta carga de trabajo van a tener que asumir a partir del 1 de junio y los ciudadanos siguen sin saber qué tratamiento se les va a dar a sus demandas”.
La Abogacía de Castilla y León recurrirá el acuerdo del Poder Judicial
El Consejo de la Abogacía de Castilla y León, reunido hoy en Pleno en Granada, ha acordado interponer recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que atribuye a determinados juzgados la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo.
Asimismo, los miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de toda España se han concentrado en la capital andaluza para mostrar su disconformidad y rechazo al plan del CGPJ, aprovechando el encuentro de Juntas de Gobierno que se celebra en Granada.
Los abogados castellano-leoneses se alinean, así, con su propia acción judicial, añadida a la que emprende la Abogacía para toda España, al absoluto rechazo al acuerdo de 25 de mayo de 2017 del CGPJ, que en su opinión, infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales.
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