Representantes del Gobierno y del PSOE todavía siguen reunidos para comenzar a elaborar una normativa que regule los desahucios, abogando por su paralización en determinadas condiciones, y cuyos primeros acuerdos serán aprobado este jueves por el Consejo de Ministros por vía de urgencia. Ambas partes han llegado al compromiso de poner en marcha las medidas cuanto antes, bien a través de un Real Decreto-ley, bien mediante un Proyecto de Ley con tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia. El objetivo es que las medidas entren en vigor en el menor plazo de tiempo posible, sobre todo tras los últimos acontecimientos con suicidios de personas que iban a ser desahuciadas.
 
El Gobierno considera urgente avanzar en una propuesta relativa a esos periodos de carencia para impedir que se hagan efectivos los desalojos. El presidente avanzó el viernes que espera poder concretar diversas medidas, como la paralización temporal de los desahucios que afectan a las familias más vulnerables. Se trata de articular medidas preventivas y paliativas con especial atención a las familias con niños o mayores a su cargo, con el fin de resolver las situaciones de especial vulnerabilidad.
 
Por su parte, el PSOE acude con una proposición de ley que propugna introducir para estos casos una renegociación análoga a los concursos de acreedores que convocan las empresas cuando quiebran. Así lo anunció el sábado su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmando que su propuesta abarca tanto a los propietarios a quienes se ha iniciado el trámite de ejecución como a los futuros. A quienes ya han perdido su casa, en cambio, habría que buscarles otra solución mediante políticas de vivienda.
 
Inspirándose, según dijo, en las leyes hipotecarias frances y sueca, el PSOE promoverá que las hipotecas se traten como las medidas que se aplican cuando una empresa quiebra, y, así, se abra un mecanismo concursal mediante pacto que conduzca a una renegociación de la hipoteca. Ésta sería obligatoria en el caso de los bancos rescatados con dinero público y debería resultar la opción más interesante a las entidades que no lo hayan sido.

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