Licenciado y doctor en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Salamanca, Agustín Sánchez de Vega es catedrático y profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca desde 1989. A la experiencia académica une la experiencia polígica, habiendo sido delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca desde julio de 2004 hasta 2011, desde que es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Salamanca. También ha sido profesor invitado de Derecho Político en las universidades Pontificia de Salamanca, del País Vasco y de la Universidad Católica de Puerto Rico. Además, ha sido letrado del Tribunal Constitucional Italiano en Roma y es autor de numerosos artículos y publicaciones sobre Derecho Constitucional.
- Vivimos un tiempo en que todo se cuestiona, hasta lo que parecía incuestionable, como la Constitución y la Casa Real.
-Estamos viviendo momentos de crisis económica, y afecta en general al ánimo de las personas, lógicamente. De ahí a pasar a cuestionar todo, hasta casi la vigencia misma del Derecho, de las mínimas normas de convivencia. Una institución tan reconocida como la Corona también acaba siendo cuestionada.
- ¿Cómo se llega a esta situación?
- Quizá ha habido un déficit en cuanto al desarrollo de la Constitución. La Corona habría necesitado el desarrollo de una Ley Orgánica que regulase cuáles son las tareas que debe cumplir el rey, el príncipe heredero y la familia real, tareas de representación, de orden sucesorio, etcétera. Habría que haber distinguido entre familia real y familia del rey, que son dos cosas distintas, una familia real con su orden sucesorio y una familia del rey que se trata de sus allegados, los yernos. Este déficit con un rey de enorme prestigio como Juan Carlos no se había manifestado, parecía que no era necesaria esa ley. Pero cuando comienzan a surgir problemas se ve necesario establecer ciertas pautas, fijar ciertos comportamientos porque no deja de ser una institución más, un órgano del Estado, no alejado de él, y sometido a la Constitución, como todos.
- Cómo somos los españoles, también, que a la mínima nos olvidamos de los grandes logros del pasado para criticar lo que sea.
- Efectivamente, y le decimos al rey que abdique, que se vaya… Pero, vamos a ver, fallos directamente del rey, o de la Casa Real, pues a veces son los asesores los que tienen que decir ciertas cosas, y creo que ha habido fallos muy serios en los últimos años en la Casa Real. No sólo en cuanto a la comunicación, a la imagen que se ha trasladado estos años, sino fallos de funcionamiento. Lo que ha ocurrido con Urdangarín es el mayor error, no haber determinado cuál debiera ser el trabajo del yerno del rey, haber supervisado sus actividades profesionales.
- Sin embargo, las encuestas todavía son mayoritarias a favor de la monarquía.
- Claro, no podemos olvidarnos del 23 de febrero de 1981, cuando el rey reconstruye desde sus decisiones la vuelta a la normalidad democrática, no podemos olvidarnos del prestigio enorme internacional que ha tenido el rey, no podemos olvidarnos de la influencia enorme del rey en la imagen positiva de España, con las relaciones con países árabes, con Hispanoamérica. En todos los países hay un jefe del Estado y aquí simboliza la unidad de España y la permanencia de España. No podemos olvidarnos de esto en tres días.
- Ahora se supone que la Casa Real entrará en la Ley de Transparencia, se controlarán más sus cuentas para evitar casos como la herencia en Suiza. ¿Cómo encaja jurídicamente? ¿Se debe fiscalizar al detalle al rey?
- Creo que la Casa Real debe estar incluida en la Ley de Transparencia porque los dineros son públicos. Allá donde hay dinero público debe haber transparencia. Si el rey y la Casa Real en general recibe un montante importante para su mantenimiento debe saberse a qué se destina ese dinero. Es un derecho de los ciudadanos, igual que los partidos políticos, los sindicatos y las instituciones. Ahora, el problema es hasta dónde. El rey tiene una faceta también particular y privada. Que deba estar incluida la declaración de sus bienes, que se haga pública, es un asunto que se debe manejar con muchísima prudencia, también en general los políticos, porque hay ahora una tendencia terrible hacia todo lo político y esas tendencias a criminalizar determinados sectores y actividades pues la gente con cabeza debe poner siempre un freno y mantener una actitud de cierta prudencia. Sí conocer los datos acerca de los dineros públicos, pero el ciudadano no es inspector de Hacienda, ni es fiscal ni juez, no queramos trastocar los papeles de cada uno.
- Hablando de encuestas, de política y de hacer valer la Constitución, la última encuesta recoge que la mitad de los españoles se muestra insatisfecha con la Carta Magna. ¿Por su propio texto, que ha quedado obsoleto tres décadas después o porque se asocia precisamente con el desprestigio de los políticos?
- La Constitución es una norma jurídica, por supuesto, que tiene un contenido político, pero claro, como norma jurídica, tiene su estructura de argumentación y de interpretación, a la que llegan los juristas. Es decir, cuando hablamos de medicina, el ciudadano llega a valorar asuntos médicos hasta un punto, a partir de ahí son los especialistas los que deben decidir. Pues con la Constitución ocurre lo mismo. ¿Es un asunto opinable? Evidentemente, nos gusta o no determinada parte, el rey, el Senado, las comunidades autónomas. En comentarios de café, entre ciudadanos, vale, correcto. Pero hay un nivel, un punto en que para entender la Constitución, el Derecho constitucional, uno también tiene que ser especialista. Hay muchas cosas que se dicen de la Constitución que son incorrectas, incluso en tertulias de televisión y radio. Hay defectos técnicos en la Constitución pero hay otros muchos de opinión.
- La mayoría de los ciudadanos son partidarios de cambiar la Constitución, sobre todo el Senado y el Poder Judicial.
- El problema del Senado es un problema que se observó desde el primer día de vigencia de la Constitución. Los propios elaboradores ya dudaban. Si uno lee los debates constituyentes se ven las dudas sobre el Senado, y desde el mismo día en que entra en vigor la Constitución los especialistas ya dicen que no va a servir como lo que pretende ser, una cámara de representación territorial, pero en 1978 no se sabía cómo iba a evolucionar el Estado de las Autonomías. Es una parte que la Constitución dejó muy abierta y con el paso de los años hemos visto cómo se construía. La Constitución es tan generosa, tan abierta… El Senado tiene que representar a los territorios, a las comunidades, y ahora representa lo mismo que el Congreso, a los ciudadanos.
- ¿Cómo se puede reformar el Senado?
- Por ejemplo el mecanismo alemán, en el Senado se sientan los gobiernos autonómicos, con el número de representantes que corresponda. En ese modelo sí hay representación territorial. En Estados Unidos se eligen dos senadores independientemente del tamaño del territorio. Es otra opción. En España no es así, se eligen los senadores en su mayoría por el ciudadano y por provincias. No es la representación de Castilla y León, sino de Salamanca, Zamora… Ese Senado de 1978 está desencajado del Estado de las Autonomías. Ahora bien, coger una institución de un país y trasladarlo a otro no es un buen sistema, cada uno tiene sus particularidades. Pero el Senado sí necesita una buena reforma. Pero hay que advertir que reformar una Constitución no es reformar una ordenanza municipal o una ley, exige desde el origen, desde que se piensa reformarla, un gran acuerdo entre los grandes políticos, no sólo en la idea, sino en los grandes contenidos de la reforma, qué vamos a reformar, cómo y a dónde vamos a llegar. Eso es clave. Si no, es un despropósito. Si no hay acuerdo sobre a qué Senado vamos, es mejor no abrir una reforma.
- ¿En qué debería haber esos acuerdos para reformar también la Constitución?
- Por ejemplo en la línea sucesoria de la Corona. Que prevalezca el varón en el siglo XXI suscita muchas dudas y en 1978 era un avance enorme, que hubiera una Corona, la estabilidad que dio al sistema democrático. Se admitió por todos que era normal que el príncipe Felipe fuera el futuro rey, pero ahora es bien dudoso que la norma suprema de un Estado fije y señale que el varón se prefiere a la mujer. Eso habría que cambiarlo, entre otras cosas porque si al príncipe Felipe y Letizia se les ocurre tener un niño, sería bastante peliagudo.
También es mejorable el Estado de las Autonomías, toda la distribución de competencias. Sucede algo parecido al Senado, lo que se diseña en 1978 es un amplio abanico de posibilidades, la Constitución no exige que todas las comunidades deban tener un gobierno y un parlamento propios. El primer paso fue por mimetismo con Cataluña y País Vasco. El siguiente paso fue tener el mismo nivel de competencias, como sanidad y educación. Y ahora estamos en el tercer paso que el nacionalismo provoca, la consulta catalana y la consulta vasca. La Constitución desgraciadamente no cierra bien la distribución de competencia, España funciona realmente como un Estado federal, pero en los estados federales los límites a los estados miembros están claramente marcados. Al Estado de Oregón no se le ocurre plantear la independencia de Estados Unidos, ni al de Baviera en Alemania. De ninguna manera. Eso hay que decírselo a los ciudadanos que se les llena la boca de federalismo. La soberanía en el estado federal reside en la unión de estados y en nuestra Constitución reside en el pueblo español y por tanto el pueblo español es el único soberano, el único que puede autodeterminarse, decidir su futuro. No caben decisiones propias de asuntos nacionales, como el euro por receta. Hay que reordenar la lista de competencias y el Estado de las Autonomías.
- En ese proceso de construcción alguno de los muros se torció y desde entonces los cimientos vienen torcidos. ¿En qué momento fue?
- Como la Constitución es tan generosa, podemos llegar a la situación en que estamos. Oiga, que me quiero marchar, volvemos al federalismo del siglo XIX y de la Segunda República. Y mañana incumplo la norma cualquiera porque yo, pues tengo decisión. No. No hay una relación bilateral, ahí está el problema, hay cuestiones que no se cerraron bien. Por ejemplo Cataluña no se relaciona con España, como decía el estatuto, no, se forma parte de España y se es España. El Gobierno no puede relacionarse de tú a tú a un gobierno autonómico. Las autonomías están sujetas y sometidas al Gobierno y la Constitución. Por eso falla el Senado, se debería ir al Senado a debatir los asuntos territoriales, donde estaría representado cada gobierno. Así se daría sensación de unidad. Por ejemplo, una comunidad plantea su propuesta del euro por receta, pero se debatiría en el Senado y cada comunidad ofrecería su opinión para después votar entre todas.
- ¿Y por qué no se aborda esta propuesta?
- Es el sistema alemán, que responde a una idea de federalismo de mediados del siglo XX, tras la guerra mundial. Pero insisto, tampoco conviene trasladar un sistema de un país a otro, cada uno tiene sus particularidades.
- Entonces, en este punto en que se inicia una nueva sociedad, en que la crisis está cambiando todas las estructuras, ¿sería un buen momento para abordar una amplia reforma constitucional, deben ponerse de acuerdo los partidos políticos?
- El punto de partido es que los dos grandes partidos deben ponerse de acuerdo y ése es el problema, de política de Estado, de volver al año 1978, porque lo está demandando la sociedad. El ciudadano demanda que las instituciones se han quedado atrás en algunos aspectos y hay que reformarlos. La Constitución americana se ha reformado un montón de veces y no ha pasado nada. El problema es de origen, que los dos grandes partidos, y si pueden ser más, evidentemente mejor, tienen que ponerse de acuerdo. Es un problema de alta política.
- Y precisamente no abundan en estos tiempos los políticos de Estado.
- Pues no.
- Se prefiere eso de virgencita, virgencita, que me quede como estoy.
- La culpa es también enormemente de los nacionalistas. En un Senado distinto no tendrían esa capacidad de influencia en las decisiones del Estado.
- Pero ahí entramos en una reforma de la ley electoral, y eso sí que es más complicado para alcanzar un acuerdo.
- No hay un sistema electoral perfecto, pero al nacionalismo lo sobrealimentamos con esta ley.
- ¿Superaremos algún día esa concepción clásica de las dos Españas?
- Al final hay que dar un mensaje positivo, la Constitución de 1978 fue un acierto pleno. Como toda gran norma necesita adaptarse a los tiempos para satisfacer a la mayoría de los ciudadanos españoles. En estos 35 años se ha hecho un imponente trabajo en materia de derechos fundamentales, en la protección de derechos sociales. Hemos avanzado mucho, el avance de modernidad que trajo la Constitución es enorme.
- Lo importante ahora es que no nos paremos en ese avance.
- Hay que seguir trabajando, pero sobre todo pensando en el Estado, no anteponer los intereses políticos.
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