Seis de cada diez ciudadanos, a favor del matrimonio homosexual y su derecho a adoptar niños

Seis de cada diez ciudadanos, a favor del matrimonio homosexual y su derecho a adoptar niños
No podemos perder de vista que nos encontramos en un contexto de cambio socio-cultural, que tiene como principal consecuencia la reconstrucción de nuestra identidad como seres humanos. Son los significados sociales los que se han mantenido en constante cambio a lo largo de la historia, y sólo de nosotros depende avanzar acordes a ellos, o quedarnos atrás. A este respecto, la ley que proteja los matrimonios homosexuales, se enmarca perfectamente en nuestro tiempo actual: las necesidades, hábitos y costumbres, han cambiado y se han reposicionado.

El reconocimiento no deja de ser una forma de institucionalizar el respecto colectivo hacia determinadas formas de identidad. Gracias a él, se concede a los individuos el derecho -y el deber- de posicionarse como miembros activos de la comunidad, no sólo social, sino también política, en pie de igualdad respecto a los otros. Éste reconocimiento puede tomar diversas formas, pero en todas ellas supone una reivindicación a nivel moral y también un esfuerzo por luchar contra las trabas culturales que minan los derechos de los ciudadanos.

Como afirma la sociología de la sexualidad, así como la teoría queer, los derechos en relación a las minorías sexuales, son fotografías que reflejan visiones colectivas sobre el respeto que la población siente hacia estilos de vida y comportamientos sus miembros. En este caso, la práctica de la homosexualidad ha generado un rechazo histórico en tanto que estas minorías han reclamado su derecho sobre funciones sociales, que van más allá de lo que el resto de los ciudadanos estimaban que eran sus derechos civiles. 

Modificación del Código Civil en 2005

En 2005, se modificó el Código Civil y se legalizó en España el matrimonio entre individuos del mismo sexo, de la mano de – el entonces Presidente del Gobierno- José Luis Rodríguez Zapatero. Además de esta posibilidad, también se le unieron otros derechos como los de herencia, adopción o pensión.

Han sido muchos los puntos de vista que se han mostrado sobre esta realidad; por una parte, están aquellos que apoyan la verdadera igualdad en la figura del matrimonio, y aquellos quienes afirman que el término “matrimonio” solamente debería poder ser usado para referirnos a la unión entre un hombre y una mujer. Este último grupo, lo encabeza la Iglesia católica, cuyo principal discurso postula que la legalización de los matrimonios homosexuales constituye un atentado a la sagrada institución del matrimonio.

Tras esta aprobación, el Partido Popular presentó un recurso contra la ley en el Tribunal Constitucional, que se resolvió el 6 de noviembre de 2012, esto es, siete años después, con 8 votos a favor del matrimonio homosexual y 3 en contra. Dicho Tribunal avaló el matrimonio homosexual, argumentando que al hacer una lectura evolutiva de la ley fundamental, ésta no manifiesta en ningún momento que el matrimonio heterosexual sea el único “constitucionalmente legítimo”, y que éste no desnaturaliza bajo ningún concepto la institución del matrimonio.

En el artículo 32 de nuestra Constitución, se afirma que el hombre y la mujer, tienen  derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica; por su parte, es la Ley la encargada de regular tanto las formas de matrimonio, como la capacidad para contraerlo, incluso la edad, los derechos y los deberes de los implicados, etc. Por tanto, el Tribunal Constitucional ha interpretado el matrimonio como una institución, y más que eso, como un derecho constitucional. Finalmente añadió que el único hecho de que el matrimonio sea entre personas del mismo sexo, no hace irreconocible esta institución en nuestra sociedad. 

Además, y como también señaló  el Constitucional, esta modificación del código civil, en ningún momento afectó a los matrimonios entre parejas heterosexuales, sino que únicamente expandió el derecho al total de la población. Pero a nivel más profundo, la Conferencia Episcopal Española, advirtió que la legitimidad de este matrimonio, sea o no conforme con la Constitución, es “gravemente injusta” y es “urgente” modificar la ley para la “protección de la familia”. Postulan además que éste tipo de uniones no protegen al matrimonio en su especificidad y que de ellos se derivarán numerosas consecuencias negativas.

Cambio de leyes

El cambio de leyes y en este caso de la interpretación de la Constitución, no responde más que a los cambios que una sociedad desarrolla a lo largo de la historia. Frecuentemente se otorga la responsabilidad de la aprobación de la Ley de los matrimonios homosexuales, tanto por parte de simpatizantes como de sus detractores,  al talante progresista del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo cierto es que tal cambio en la legislación española no podría haber sido posible únicamente de acuerdo a los ideales de un Ejecutivo, sino al del conjunto de la población.

La legalización de los matrimonios homosexuales en el año 2005 no puede comprenderse así sin tener en cuenta la profunda transformación en la sociedad española en los treinta últimos años. La promulgación de esta ley así como la correspondiente regularización de la adopción en las parejas homosexuales no podría haber tenido lugar en un entorno desfavorable a las mismas. Tampoco puede entenderse este cambio en las mentalidades de los españoles sin tener en cuenta el descenso de la religiosidad en el conjunto de la población.  

Mayor tolerancia

En 1973 tan solo un 3% de la población española se mostraba a favor de la homosexualidad. Tres décadas después, en los años previos a la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, la opinión pública española era una de las más favorables a este tipo de matrimonios (68%), así como a la adopción (57%), en comparación con otros países europeos. Este cambio social en la percepción y tolerancia de la homosexualidad es el que posibilita la promulgación de leyes a favor de los derechos de los homosexuales en España.

En el ámbito de la religiosidad es claro el declive de la población católica frente al aumento de las personas no religiosas en las últimas dos décadas. Frente a un 84% de personas católicas en 1993, en la actualidad este grupo cuenta con el 75% de la población. Este descenso se ha traducido en un aumento de los no religiosos que han pasado de representar un 15% a un 21%.

Los últimos datos recogidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) años después de la aprobación de la Ley de los Matrimonios Homosexuales muestran como un 56% de la población española considera adecuada dicha ley, incluso un 14% la consideran escasa y tan solo un 19% excesiva. Es por ello que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional no resulte sorprendente tanto para aquellas personas que se muestren a favor o en contra de la misma. La atmósfera de recepción ante las parejas homosexuales parece no cambiar aun con los conservadores en mayoría absoluta.

 
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