La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la desprotección en la que está la salud pública de la Comunidad, en aspectos como la seguridad alimentaria o sanidad ambiental, “por el empeño de la Junta de no sustituir a los inspectores farmacéuticos de salud pública, cuando por bajas, fines de semanas, vacaciones, exceso de trabajo y otras circunstancias, no se habilitan farmacéuticos para atender los controles y guardias necesarias”.
CSIF advierte que la desatención afecta a “cuestiones cruciales”, tales como el control de Legionella de torres de refrigeración y acumuladores de agua caliente de hospitales, hoteles, residencias de ancianos y SPAs; la inspección y control de jacuzzis y piscinas al aire libre o climatizadas; la revisión de la correcta dispensación de medicamentos psicótropos en oficinas de farmacia; la supervisión de la esterilización en clínicas dentales o establecimientos de tatuaje; o la comprobación del mantenimiento en refrigeración de pasteles con crema o nata de una pastelería, “entre otras muchas vigilancias”.
Una situación de desprotección que sufre Castilla y León desde hace más de 10 años, denuncia CSIF, “desde que la Junta, en 2005, aprobó el Decreto 23/2005 relativo a la actuación y funciones de los servicios oficiales farmacéuticos.
CSIF insiste en que, de manera reiterada, y tal y como se contempla en la Orden del 31 de julio de 2000, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, “venimos exigiendo que se cubran las ausencias y falta de farmacéuticos, que año tras año se inscriben en las listas de sustituciones, y que desde hace más de 10 años no se utilizan”.
Además, la organización sindical destaca la importancia de la labor de los inspectores farmacéuticos en la Comunidad, “ya que resulta indispensable para el mantenimiento de un entorno seguro y saludable, evitando en lo posible que diversos riesgos sanitarios habituales queden sin control”. Por ello, CSIF lamenta la “incomprensible indiferencia de la Junta, en un tema como este, que afecta a la salud de los ciudadanos de Castilla y León”.
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