Las organizaciones Plataforma Rural, Fundación Mundubat, COAG, Sindicato Lábrego Galego (SLG), EHNE Bizkaia, la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES) y Sindicato de Obreros del Campo (SOC) junto a la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, han presentado la campaña 'Por una política de tierras justa y sostenible en España y Europa' que parte de las conclusiones del Estudio sobre la propiedad de la tierra en todo el territorio comunitario. Entre las mismas, destacan que la propiedad de la tierra en Europa se ha vuelto tan desigual que en algunas regiones alcanza niveles parecidos a los de Brasil o Colombia, países conocidos por su inequidad en la distribución de las mismas. Según datos oficiales, el 3 % de las fincas controlan el 50 % de la superficie agraria útil en la UE.
En España la evolución de número y dimensión física de las explotaciones sigue las tendencias observadas a nivel europeo y, en concreto, el estudio recoge que en la primera década del siglo XXI el número de explotaciones agrarias se ha reducido un 23,2 %.
La Superficie Agraria Útil (SAU) debido al abandono de explotaciones, fenómenos urbanísticos y recalificación de los usos del suelo, ha disminuido un 9,2 %, lo que equivale a 2,4 millones de hectáreas. En 10 años, se han perdido 659 hectáreas cada día.
La media del tamaño de las explotaciones ha aumentado un 18 %. El incremento se ha concentrado entre las explotaciones de tamaño medio-grande. La pequeña explotación (menos de 5 hectáreas) representa el 52 % del total pero sólo el 4,3% de la superficie.
A juicio del estudio, los cambios en el uso del suelo "son evidentes pues los procesos de urbanización, la expansión de las áreas industriales, la construcción de grandes infraestructuras, y el destino de áreas territoriales a la explotación energética van presionando progresivamente sobre la tierra agraria pero en la pérdida de tierra agraria inciden otros factores como el precio de la tierra, la falta de relevo generacional, o los mecanismos de cese en la actividad".
Los datos del estudio muestran una estructura de la tierra que además es injusta desde el punto de vista de sexo y edad. Las mujeres sólo son propietarias del 23 % de la tierra mientras que los jóvenes tan sólo son titulares del 6,6 % de la tierra y las personas de más de 55 años son titulares del 51 % de la tierra. La edad en la tenencia de la tierra va ligada naturalmente a la edad en la titularidad de las explotaciones.
Las organizaciones promotoras del estudio consideran necesario el abordaje global de una política de tierras pública, activa, justa, social y sostenible 2acorde con los retos de futuro a los que se enfrenta la sociedad en general, y el medio rural y el sector primario en particular".
Los principales objetivos de esta política de tierras deberán ser definidos de manera concreta, pero las organizaciones citadas consideran que deben "frenar el proceso especulativo sobre la tierra agrícola, garantizar un acceso más igualitario y democrático a la tierra por parte de los sectores sociales y económicos en activo que promueven una dinamización económica del medio rural, favorecer en especial el acceso de mujeres y jóvenes a la tierra, evitar la concentración de la tierra y el acaparamiento por determinados sectores económicos,proteger el suelo agrario y la calidad del suelo agrario, es decir, su fertilidad y capacidad de conservar biodiversidad y asegurar su uso de manera que garantice el equilibrio territorial".
Para lograrlo estiman que se debe abordar a nivel institucional y político la creación de una institucionalidad concreta como puede ser una Agencia Pública de Gestión y Gobernanza de la Tierra que deberían asumir los objetivos de las políticas de tierra e impulsar y coordinar los diversos instrumentos puestos en marcha.
De igual modo creen necesario "mejorar y consolidar los Bancos de Tierras y darles profundidad en el marco político definido para que dejen de ser únicamente meros gestores e intermediarios en el mercado de la tierra".
Piden,además, iniciativas encaminadas a la aprobación de Leyes de Protección del Patrimonio Agrario Público. "Dada la dispersión en la titularidad, reclamamos mecanismos de cesión de la gestión, el uso e incluso la titularidad de estas tierras entre las diversas administraciones para que su gestión sea más coherente y eficaz".
Asimismo creen necesario recuperar el contenido de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural "porque planteaba figuras interesantes como la 'agricultura con contrato territorial' que nunca fueron exploradas con seriedad".
Finalmente reclaman transparencia en la información además de reactivar y revitalizar los espacios de titularidad comunitaria y pública de la tierra, lo que exige la derogación de la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local.
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