Se acaba con las competencias impropias de los ayuntamientos, al regular por primera vez, y de forma precisa, sus competencias propias. Además, se potencia a las Diputaciones provinciales para la coordinación de la prestación de servicios mínimos obligatorios en los municipios de menos de veinte mil habitantes. Por otra parte, se incentivan las fusiones voluntarias, se aumentan las trabas para la escisión o creación de nuevos municipios y ya no habrá convenios entre Administraciones sin financiación. Por último, los ayuntamientos deberán publicar el coste efectivo de sus servicios y se reducen y ordenan sueldos, así como el personal eventual. La reforma prevé un escenario de ahorro de 8.024 millones de euros para el periodo 2013-2019.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y lo ha remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Esta norma, inspirada en el principio de 'Una Administración, una competencia', responde al compromiso electoral del presidente del Gobierno de clarificar las competencias municipales con el fin de evitar duplicidades y garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria, reconocidos por la Constitución en su artículo 135.
La Ley tiene los siguientes cuatro objetivos: Clarificar y simplificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones. Racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local, de acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio presupuestario y garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la actividad económica local con medidas liberalizadoras.
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