El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denuncia la situación de caos que están viviendo en el primer día de entrada en vigor de la reforma del Código Penal, con el perjuicio ciudadano que conlleva. Y es que "una reforma de tal entidad exigía con carácter urgente y extraordinario que se impartieran cursos de formación específica para los juzgados afectados, ya que están en juego derechos fundamentales de los ciudadanos regulados en el Titulo Primero de nuestra Carta Magna bajo el epígrafe derechos y libertades".
Así lo han exigido al Ministerio y a las comunidades autónomas con antelación a la entrada en vigor de la reforma, sin que se haya atendido su petición. "Que nadie busque responsabilidades en los funcionarios de Justicia ante los posibles perjuicios a los derechos de los ciudadanos, estas responsabilidades descansan en los responsables políticos que permiten esta situación", añade.
Los trabajadores de la Justicia denuncian que no se les ha facilitado información de esta reforma "y ni mucho menos se nos ha dictado un protocolo de actuación para su implantación. El Ministerio y las Comunidades con competencias vuelven a confiar en que los funcionarios de la Administración de Justicia vamos a salvar otra nueva chapuza". Por ejemplo, no existen herramientas informáticas y modelos de resoluciones para aplicar la reforma, "encontrándose los funcionarios desamparados y teniendo que salvar la situación de descontrol individualmente".
Tampoco se han actualizado los sistemas informáticos, ni tan siquiera para el registro de los asuntos que ingresan en los Juzgados de Guardia, "que se están salvando con la mejor de las voluntades y sin ningún apoyo por parte de la Administración. Es nuestro deber advertir que la falta de criterio para la aplicación esta reforma puede causar daños a las libertades y derechos de todos los ciudadanos y explicar que no somos los funcionarios responsables sino víctimas de esta situación de desconcierto y disfunciones en el sistema Judicial".
El sindicato exhorta a la ciudadanía a exigir una tutela Judicial que ponga a salvo sus derechos fundamentales y para ello ante cualquier disfunción se realicen quejas formales que están a disposición ciudadana en todas las sedes judiciales. Por eso lamenta que los legisladores, sin entrar en el fondo de la Ley, aprueben las normativas sin que quede garantizada que su aplicación se produzca con los medios técnicos, materiales y personales para llevarla a efecto. "Esta practica es contraria al sentido común", concluye.
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