Jueces y Servicios Sociales compartirán las órdenes de protección y la historia social de las víctimas de violencia de género

Jueces y Servicios Sociales compartirán las órdenes de protección y la historia social de las víctimas de violencia de género

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), José Luis Concepción, han suscrito hoy un convenio de colaboración que permitirá, por primera vez en España, a jueces de Castilla y León y profesionales de los Servicios Sociales integrar y compartir información completa y actualizada sobre los casos de violencia de género que se registren en Castilla y León. Este intercambio de información, básico en el modelo 'Objetivo Violencia Cero' que está diseñando la Junta de Castilla y León, redundará en una mayor protección a las víctimas.

De esta forma, los jueces de Castilla y León tendrán acceso de forma actualizada a datos sobre la historia social de la víctima, de sus hijos y personas que de ella dependan, de su situación y de su entorno. Y, además, contarán con información del abanico de recursos que existen en Castilla y León, enmarcados en el modelo 'Objetivo Violencia Cero', entre ellos asesoramiento psicológico, asesoramiento jurídico o la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género repartida por toda la Comunidad.

El hecho de conocer datos de la historia social de la mujer, de sus hijos, y sus circunstancias, así como de los recursos de los que dispone la Comunidad para atender a un víctima, facilitará a los jueces de Castilla y León contar con un plus de información básica a la hora de adoptar medidas judiciales y tomar decisiones que redunden en una protección más eficaz de la víctima.

Los profesionales de los Servicios Sociales, por su parte, dispondrán de información en tiempo real de las órdenes de protección que se dicten en la Comunidad y de las sentencias emitidas tras la denuncia. El conocimiento de la situación judicial de las víctimas multiplicará las posibilidades de estos profesionales de ofrecer una atención inmediata a la víctima. Y es que, desde el mismo momento en que se adopte la orden, los profesionales de los Servicios Sociales podrán contactar con la mujer para ofrecerle los recursos más adecuados a su situación sin que exista lo que se denominan ‘periodos de sombra’.

Será el Registro Unificado de Violencia de Género -el principal instrumento de información de la Comunidad sobre las víctimas y en el que ya figuran más de 1.600 víctimas registradas- la herramienta que integre la información específica del ámbito judicial sobre violencia de género y su historia social.

Para lograr esa fluida colaboración, la Junta adaptará su Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género. A medida que se vayan implantado los procesos de intercambio telemático y automatizado, este registro podrá, además de las órdenes de protección, integrar otro tipo de información, como los casos de sobreseimientos o de sentencias absolutorias.

A este registro tendrán acceso, por tanto, los jueces de Castilla y León, los fiscales, los Cuerpos de Seguridad del Estado, los profesionales de los Servicios Sociales y los profesionales de las corporaciones locales vinculados a la atención a las víctimas de violencia de género, merced a los cuatro convenios que ha suscrito la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades desde el mes de julio de este año.

Impulso a la formación compartida

Este convenio, asimismo, abrirá la puerta a un impulso en la formación en el ámbito jurídico y en el ámbito social. Los profesionales de ambos sectores tendrán, además de formación, la posibilidad de intercambiar experiencias y buenas prácticas. Esta formación específica posibilitará a los profesionales de los Servicios Sociales orientar mejor los casos, y a los jueces conocer con mayor profundidad la complejidad del ciclo de la violencia o el estado emocional de las mujeres que sufren esa situación de cara a entender el proceso y dictar sus sentencias.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pondrá a disposición personal para desarrollar las tareas formativas y de intercambio de experiencias. El Tribunal Superior de Justicia, por su parte, se compromete a promover y favorecer la participación de sus profesionales en las actividades que se determinen para la interconexión de la información y la selección de los profesionales que tendrán acceso. Junto a esto, colaborará con la Junta de Castilla y León aportando personal de carácter voluntario.

Este convenio, que emana del suscrito el pasado 9 de octubre con el Consejo General del Poder Judicial, representa, para la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, un “"aso novedoso, decisivo y fundamental" para seguir dando forma al nuevo modelo ‘Objetivo Violencia Cero’ que trata de prestar una atención integral y coordinada desde 'el minuto cero' en que se produzca el primer síntoma, y que le acompañe y guíe durante todo el proceso y tras la denuncia.

Proyecto individualizado de seguridad y autonomía

La meta es que cada víctima cuente con un proyecto individualizado de seguridad y autonomía, que cubra la prevención, el apoyo, la seguridad, la asistencia con recursos especializados y la integración, que cuente con un profesional de referencia que le acompañe durante todo el proceso hasta que pueda volver a tomar las riendas de su propia vida.

Se marca como reto actuar antes incluso de que la víctima presente una denuncia. Con el nuevo modelo se incidirá en la detección de las mujeres que pudieran estar sufriendo maltrato, ya sea desde los servicios educativos, sociales o sanitarios, para iniciar los procesos de ayuda desde la fase más temprana posible y adaptados a las circunstancias de la mujer en cada uno de los momentos. Una ayuda que se prestará de forma 'invisible' para preservar su seguridad.

Para lograr estas metas, se requiere de la colaboración de toda la sociedad. De ahí que la Junta de Castilla y León esté implicando en un trabajo en red a todos los agentes públicos y privados que intervienen en cada etapa del proceso para facilitar a la víctima esa atención integral y que se sientan protegidas y apoyadas. No en vano, el problema requiere de un abordaje desde múltiples planos de actuación (policial, judicial, social, laboral, educativo…).

El primer paso dado por la Junta de Castilla y León para tejer su modelo ‘Objetivo Violencia Cero’ tuvo lugar en el mes de julio cuando el Ejecutivo autonómico firmó un convenio, también pionero en España, con el Ministerio del Interior para integrar la aplicación telemática del Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León con el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género del Estado (Viogen).

De esta forma, los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden disponer de información sobre la historia social de la víctima, lo que permitirá intensificar su labor de protección y seguridad, y los profesionales de los Servicios Sociales podrán ampliar sus posibilidades de detección de casos de violencia de género y ofrecer a las víctimas una atención ágil y eficaz para lograr su plena recuperación e inclusión en la sociedad.

El siguiente paso fue la firma, el pasado 9 de octubre, de un convenio de colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para reforzar la colaboración de las entidades locales en el modelo ‘Objetivo Violencia Cero’. Este convenio abrió la puerta a que el Registro Unificado de Violencia de Género de la Comunidad sea accesible a los profesionales de aquellas entidades locales que ya tengan acceso al sistema Viogen y que suscriban acuerdos específicos con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

El tercer paso lo constituyó el convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial, que el pasado 11 de noviembre tuvo su continuidad, en el ámbito judicial, con el convenio con la Fiscalía General de Castilla y León, al que se añade hoy otro específico con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 
 

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