La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) denuncia la existencia de un fraude en la obtención de títulos de transportista en otros países europeos que son utilizados posteriormente en España, por lo que insta al Ministerio a que ejerza un mayor control al respecto.
Recuerda Fenadismer que el Reglamento europeo 1071/2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplir para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, establece en su artículo 8 que las personas interesadas en obtener el título de competencia profesional de transporte deberán examinarse en el Estado miembro en el que tengan su residencia habitual, entendiendo como tal ?el lugar en que una persona viva habitualmente, es decir, por lo menos 185 días por cada año civil, por razón de vínculos personales que revelen lazos estrechos entre la persona y el lugar en que habita?.
Sin embargo, de forma cada vez más creciente, ciudadanos residentes en España se trasladan a otros países europeos, fundamentalmente Portugal y Rumanía, a los únicos efectos de realizar el examen en dichos países, dado que el nivel de conocimientos exigidos es muy inferior al existente en España, sin que las autoridades de dichos países comprueben el requisito de residencia habitual establecido por la normativa europea. Así,en el caso del país luso, incluso existen academias especializadas en preparar exclusivamente a ciudadanos residentes en España, habilitando aulas para ellos junto a la frontera española.
Una vez obtenido el título en dichos países, se solicita la convalidación automática por el correspondiente título español ante el Ministerio de Fomento para poder ser utilizado en nuestro país. Por ello, Fenadirmer ha planteado la necesidad de que el Ministerio de Fomento no proceda a la convalidación de dichos títulos si el solicitante no demuestra que en el momento de realizar el examen no había acreditado el cumplimiento del requisito de residencia habitual. Asimismo, presentará una denuncia formal ante la Comisión Europea a fin de que se erradiquen estas actuaciones fraudulentas en esos países.
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