Las entidades financieras adeudan dos millones a las comunidades de propietarios

Las entidades financieras adeudan dos millones a las comunidades de propietarios
Las entidades financieras adeudan dos millones de euros a las comunidades de propietarios de la provincia de Salamanca, una cantidad que supone la sexta parte de la morosidad total que soportan estas agrupaciones de vecinos y que en asciende a 12 millones.

Cinco provincias de Castilla y León presentan unos niveles bajos de morosidad en comparación con el resto del país, ya que las cantidades adeudadas no superan el millón de euros. Ése es el caso de Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. En cada una de ellas, la morosidad total con las comunidades de propietarios se eleva a seis millones, excepto en Segovia, donde se sitúa en cinco. Por el contrario, en León y Valladolid las deudas de los bancos con las comunidades de vecinos ascienden a tres millones, aunque en estas provincias los impagos que sufren las agrupaciones de propietarios suman 16 y 18 millones, respectivamente. En Burgos y Salamanca, la morosidad financiera es de dos millones, si bien las deudas totales son de 12 en ambas.

Según los datos facilitados por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, los bancos, en ocasiones, no cumplen con sus obligaciones con las comunidades de propietarios y no abonan las cuotas fijadas. La morosidad financiera ha crecido en los últimos años a consecuencia de la crisis, primero, y después del estallido de la 'burbuja' inmobiliaria. Este proceso ha llevado a un gran número de promotoras, constructoras y, en menor medida, familias, a no poder hacer frente al pago de su deuda hipotecaria, por lo que las entidades financieras, tras ejecutar los desahucios, se han convertido en los nuevos propietarios.

Sin embargo, la situación complicada de algunas entidades y las dificultades para gestionar los activos inmobiliarios han provocado que no abonen puntualmente los pagos a las comunidades de propietarios. Esto motiva un problema económico para estas asociaciones de vecinos, que deben asumir la cuantía de las cuotas comunitarias impagadas o fomenta el deterioro del edificio. También, según los administradores de fincas, genera problemas de convivencia, ya que las entidades se han quedado con la casa de algún antiguo vecino.

 
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