Parques eólicos, entre la ilegalidad y las sospechas de corrupción masiva

Parques eólicos, entre la ilegalidad y las sospechas de corrupción masiva

El 'boom' de las energías renovables en Castilla y León hay que buscarlo a finales del milenio pasado y los primeros años del actual. En aquel momento la Junta lanzó, bajo un marco regulador que la favorecía y unas altísimas primas de precios energéticos por generación renovable, el Plan Eólico de Castilla y León, que 15 años después ha devenido en una cascada de sentencias contra la Junta y una investigación por corrupción millonaria a sus altos cargos.

La última sentencia conocida declara ilegal el parque eólico 'Peña El Gato', situado en los municipios de Villagatón-Brañuelas, Igüeña y Torre del Bierzo. La emite nada más y nada menos que el Tribunal Supremo y supone un duro varapalo para la Junta de Castilla y León y su política de concesiones eólicas en el llamado nudo de Villameca, una central de distribución eléctrica que unía los parques eólicos de La Cepeda, Omaña y Bierzo Alto.

El grueso del asunto es que la sentencia del Supremo pone en cuestión el modelo de autorizaciones de parques eólicos de la Junta y da la razón a las organizaciones ecologistas que han venido recurriendo los parques en los últimos años, como es el caso de SEO/Birdlife. En fraude de ley, confirmado también por diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Junta aprobada parques eólicos con evaluaciones de impacto ambiental escasas, ya que no contemplaban el impacto de parques eólicos ubicados al lado. Esta deficiente evaluación ambiental, unida al hecho de que muchos parques eólicos se pidieron en zonas de alto valor ecológico y hogar de animales en peligro de extinción como el urogallo motivaron una cascada de demandas contra los parques por entidades locales y conservacionistas, que prácticamente lo han ganado todo.

La sentencia del Supremo sobre el parque eólico Peña El Gato, el más grande de los construídos en la provincia, hace prever que otros dos que están recurridos en este tribunal -La Espina y Valdesamario- caigan también del lado de la razón de los ecologistas por la unificación de la doctrina del Supremo. Esto supondría que el nudo eólico de Villameca queda sumergido en la ilegalidad puesto que la mayor parte de las autorizaciones están anuladas

Fuentes ecologistas señalan "el chorreo" de sentencias contra la Junta que han ganado en los últimos años y la ausencia de responsabilidades en la Junta. De hecho uno de los autores intelectuales y responsables políticos del Plan Eólico de Castilla y León, el leonés director general de Energía y Minas de la Junta Ricardo González Mantero ha sido vuelto a nombrar en su cargo, pese a recientes sospechas de actuaciones poco claras en materia de prejubilaciones mineras, precisamente en favor de los también promotores eólicos de la familia Lamelas Viloria.

La acusación ha anunciado a ileon.com su intención de pedir la paralización inmediata del funcionamiento de Peña El Gato, aunque reconocen esperarse cualquier 'jugada' de la Junta para intentar revertir las sentencias, tal y como hicieron con el proyecto de estación en San Glorio y que finalmente le costó una sentencia en contra del Tribunal Constitucional por saltarse sus propias leyes. La batalla entre organizaciones ecologistas y promotores y Junta no parece, por tanto, haber terminado sino ser un nuevo asalto que de momento pierde la Administración autonómica de forma abrumadora. Y sin asumir ninguna responsabilidad.

De hecho, fuentes ecologistas deslizan su desconfianza hacia el nuevo consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, el también leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones por su fuerte perfil jurídico y las consecuencias que esto puede tener en el frente judicial abierto.

Trama eólica de comisiones millonarias en investigación

El otro asunto polémico de la concesión de parques eólicos es la investigación que la Fiscalía Anticorrupción mantiene a la Junta por el presunto cobro de comisiones millonarias -se habla de 110 millones de euros- por parte de exaltos cargos de la Administración autonómica por los parques.

Lo útimo que se sabes es que la Fiscalía ha exigido a la Junta el listado completo de los parques eólicos que ha aprobado entre 2000 y 2015. Pide datos como cuándo y a quién se concedieron, y qué alto cargo los firmó.

En concreto se investiga cuatro parques eólicos de la provincia de León, de un total de 25, sobre los que pudo haber comisiones por su concesión. La dinámica usada por los altos cargos habría sido conceder los parques a empresas que luego los revendían muy por encima de su valor, generando entonces lo que Anticorrupción cree es un 'peaje ilegal'.

De momento se investiga la actividad de los exaltos cargos de la consejería de Economía, ocupada hasta este junio por el pucelano Tomás Villanueva, Alberto Esgueva y Rafael Delgado.

De momento varios partidos de la oposición han anunciado en las Cortes de Castilla y León la petición de creación de una comisión de investigación sobre la llamada 'trama eólica', algo que se abordará en septiembre a la vuelta del curso político. De hacerse sería la primera

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