El próximo 1 de enero de 2015 el comercio tradicional salmantino vivirá un nuevo golpe a su ya debilitada situación por efecto de la crisis. Un día antes dejará de tener validez la figura del contrato de renta antigua, por lo que los propietarios del local podrán negociar las nuevas condiciones de alquiler al precio actual de mercado. Esto supondrá que los costes se elevarán para muchos comercios, incluso duplicándose en algunos casos, por lo que se prevén despidos de trabajadores o cierres para poder cuadrar las cuentas.
Esta situación afecta a los contratos firmados antes del 9 de mayo de 1985, bajo el régimen legal de prórroga forzosa. El entonces ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, aprobó un decreto para la prórroga forzosa para los contratos que se suscribieran a partir de esa fecha. Un acuerdo que se acotó en 1994, cuando siendo ministro Pedro Solbes reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos y concediendo a los afectados una moratoria de veinte años, que se cumplen ahora sin que ningún gobierno posterior modificase la ley.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) alerta de "una situación dramática para muchas personas, que se verán obligadas a cerrar el negocio familiar en el que llevan toda la vida. Entre esto y la bajada en el volumen de ventas por culpa de la crisis, entre un 30 y 40%, no tendrán más remedio que irse a su casa". Aunque existe una posibilidad para las personas físicas, que es traspasar sus negocios de renta antigua con la posibilidad de continuar en esta situación hasta 2024. Eso sí, pasando por los juzgados para que diriman un seguro recurso a presentar por el propietario del local.
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