La Unión Unificada de Guardias Civiles (AUGC) destaca que muchos son los halagos y reconocimientos dirigidos a la Guardia Civil por parte de la sociedad española, las instituciones y los medios de comunicación. Sin embargo, añade, "la institución más valorada por los ciudadanos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también tiene un lado oscuro que debe conocerse, y es el que afecta a los derechos de sus trabajadores, que todavía hoy se ven forzados a llevar a cabo su actividad en unas condiciones laborales más propias de un Estado dictatorial y represivo que de una democracia".
A esta falta de derechos añade la carencia de medios básicos para la seguridad de los guardias civiles, que deben realizar su trabajo sin chalecos antibalas, en vehículos con más de 400.000 kilómetros y en instalaciones en mal estado, entre otras circunstancias. "Si a esto se añade el hecho de que los guardias civiles son los policías peor pagados en España, no parece difícil de entender que la Guardia Civil sea el Cuerpo que menos opositores recibe, el que cuenta con menos mujeres y el que presenta el mayor índice de suicidios (447 desde 1982, uno cada 26 días)".
Esto repercute, a juicio de la asociación, en la calidad del servicio que se aporta a la ciudadanía, "que cada año ve cómo la falta de personal provoca el cierre de cuarteles, o que estos queden reducidos a meros edificios fantasma con una bandera ondeando; o que falten patrullas de seguridad rural por tener vehículos sin reparar o en condiciones de precariedad absoluta". Sin embargo, "los férreos mecanismos de control que posee el generalato y los políticos que se pliegan a su poder de presión hacen que esta precariedad resulte casi imperceptible desde el exterior, que permanezca oculta a una sociedad que ignora que esos guardias civiles que velan por su seguridad son, en realidad, ciudadanos de segunda".
Porque, continúa la AUGC, los guardias civiles trabajan en un ambiente desestructurado por la desconexión existente entre los miembros de quienes configuran los más altos puestos y el resto de las escalas, "donde impera el ordeno y mando, tomándose cualquier iniciativa por parte del agente como una desobediencia que ha de ser desterrada". En este sentido, la aplicación del Código Penal Militar, que puede llevar a la cárcel a un agente por una simple discusión con su jefe, "es una de las herramientas represoras más poderosas que se aplican contra los guardias civiles".
De ahí que se haya iniciado esta campaña. "De momento, esa cara oculta sigue alejando al guardia civil del resto de la sociedad, aislándole como ciudadano y haciéndole sentir que no está integrado en el conjunto de la ciudadanía, algo que es perjudicial para la sociedad, pues la conexión entre quienes ejercen funciones de policía y el conjunto de la ciudadanía es uno de los pilares de las sociedades democráticas. Una cara oculta que sirve para sustentar un sistema policial caduco y obsoleto propio del siglo XIX en su interior, pero con imagen proyectada hacía el exterior de modernidad y eficacia, un hecho que difícilmente puede hacer disfrutar de esa paz social interna que tan necesaria es y tanta falta hace, donde la ausencia de argamasa en su interior hace que el guardia civil tenga que encontrarse obligado a sentirse diferente del resto de colectivos", concluye la asociación.
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