En este sentido, Rivas recuerda que la ley otorga un plazo de tres meses para resolver las solicitudes ante el Fogasa. Este plazo, según recuerda el secretario provincial de UGT, “venía siendo respetando por el organismo a pesar del escaso personal del que está dotado y gracias a su esfuerzo”. Ahora, como indican desde la Unión General de Trabajadores, “se están produciendo retrasos que van más allá de lo razonable, llegando hasta un año y medio. Esta demora supone para los trabajadores una doble condena ya que se encuentran en una situación de necesidad por un despido o por el impago de sus nóminas.
Ante la actual privatización de este servicio, José Luis Hernández Rivas denuncia “el coste añadido que supone para las arcas públicas”. Además “de los innumerables y clamorosos errores que obligan a los trabajadores a acudir nuevamente a los Juzgados para que se les reconozcan sus derechos con el coste económico y temporal que ello implica”.
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