Tras el paréntesis de cuatro meses sin recibir una propuesta por parte de los responsables políticos de Hacienda, de Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y de Correos para el desbloqueo del convenio colectivo, y con la amenaza de imponer un nuevo recorte extra de puestos de trabajo, Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado que retoma las movilizaciones aparcadas el pasado mes de noviembre. Así, llama a UGT, CSI-F y SL a sumarse a un calendario de paros y huelgas el 30 de abril, 4, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo, en plena campaña de elecciones municipales y autonómicas.
Esta circunstancia provoca que la huelga afectaría a todo el voto por correo y las comunicaciones que se llevan a cabo durante este periodo. Para CCOO ha quedado de manifiesto "la falta de impulso y respaldo por parte de los responsables políticos y directivos de turno a la empresa pública Correos, ocasionando un grave deterioro al servicio postal público al que están dejando sin trabajadores y trabajadoras y hacia unos ciudadanos a los que están privando de recibirlo con calidad y con la periodicidad de cinco días a la semana".
Además, el sindicato denuncia la práctica laboral de los responsables de Hacienda, de SEPI y de Correos, pues "pese al recorte salvaje de empleo de miles de puestos en lo que llevamos de legislatura", cien de ellos en la provincia de Salamanca, quienes mantienen su puesto deben realizar más trabajo y kilómetros, así como multivalencia funcional. Además, sin contrapartida salarial e incumpliendo los acuerdos de empleo alcanzados con las organizaciones sindicales en el actual convenio. Todo ello está provocando un aumento de la presión, del estrés y de las bajas y un claro perjuicio a la prestación del servicio a la ciudadanía, añade.
Por eso, CCOO avisa que si la empresa y los responsables de Hacienda y SEPI continúan "por la senda del recorte y de asfixia al operador postal público", la movilización continuará "por irresponsabilidad de los políticos y de los directivos". Y señala que la única vía de solución al conflicto pasa por un incremento salarial, la paralización del ajuste de plantilla y la regulación de la ultraactividad, en el marco de una nueva regulación laboral.
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