La Ley de Evaluación Ambiental simplifica trámites y exige más calidad en los proyectos

La Ley de Evaluación Ambiental simplifica trámites y exige más calidad en los proyectos
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental con el objetivo de garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente a través de la prevención. Además, unifica en una norma las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, y determina con mayor precisión los trámites administrativos.
 
Con este Anteproyecto el Gobierno pretende subsanar las deficiencias del actual modelo y prevé, de acuerdo con las Directivas comunitarias, que se sometan a evaluación ambiental los planes, programas o proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este sentido, establece que la evaluación sea especialmente garantista en el caso de los proyectos para los que se prevean impactos significativos, pero más ágil y menos costosa para las iniciativas con una menor incidencia ambiental.
 
Entre otras medidas, la norma especifica que la falta de pronunciamiento del órgano ambiental en los plazos legalmente establecidos en ningún caso podrá entenderse como una evaluación ambiental favorable. Exige, asimismo, una mayor calidad en los estudios y documentos sobre los que deben pronunciarse los órganos ambientales.
 
Reducción de expedientes y plazos
 
Desde el punto de vista de los procedimientos, el Anteproyecto ajusta los tiempos de tramitación, especialmente en la evaluación de impacto ambiental, y establece un plazo de entre cuatro y seis meses de duración, lo que evitará dilaciones de difícil justificación desde el punto de vista ambiental. La media actual de resolución de los proyectos sujetos al procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental se sitúa en 3,4 años. La norma pretende, por tanto, solucionar los problemas detectados en el ámbito de la evaluación ambiental, ya que en la actualidad existen alrededor de diez mil expedientes pendientes de resolver en el conjunto de las Administraciones.
 
La futura Ley, al tiempo que garantiza un alto nivel de protección medioambiental, tendrá efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo, ya que las tramitaciones ajustadas a los nuevos plazos incentivarán la inversión y, al simplificar los procedimientos administrativos, también promoverá la generación de puestos de trabajo. En concreto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente calcula que tendrá un impacto sobre la actividad económica de unos mil millones de euros y que generará unos ochenta mil empleos.
 
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