El 95 por ciento de los funcionarios teme que las mutuas desaparezcan por los recortes

El 95 por ciento de los funcionarios teme que las mutuas desaparezcan por los recortes

La inmensa mayoría de los funcionarios (99 por ciento) considera que las mutuas que les ofrecen cobertura sanitaria y prestaciones sociales desde 1975 van a desaparecer como consecuencia de la situación económica y los recortes planificados por los dos últimos gobiernos, desde el comienzo de la crisis. Éste es el principal resultado que se desprende de una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, sobre 26.379 usuarios de las mutualidades MUFACE (funcionarios civiles del Estado), MUGEJU (funcionarios de Justicia) e ISFAS (Defensa). Se trata de la primera encuesta de este tipo realizada en la historia de estas mutualidades.

El 67 por ciento de los encuestados considera que esta situación se deriva de una falta de compromiso del Gobierno y una dejación de responsabilidades hacia sus funcionarios públicos y el 89 por ciento considera que el Ejecutivo tiene la obligación de dotar de financiación suficiente para evitar los recortes que están lastrando el funcionamiento de las mutuas. Y es que el 87 por ciento considera que en los últimos años se ha producido un deterioro notorio en las prestaciones y señalan entre las  consecuencias los diversos recortes llevados a cabo en becas, ortodoncia, gafas, subsidios, reducción de medicamentos subvencionados, la reducción de compañías aseguradoras o la reducción de pruebas médicas.

Entre las quejas señaladas de manera espontánea por los encuestados destacan: la reducción de la paga de jubilación, ayudas ortopédicas, logopedia, ausencia de algunas especialidades (hepatólogos), descontento de los médicos por las retribuciones, desigualdad de asistencia entre capitales de provincia y otras zonas periféricas o rurales, , pérdida de médicos especialistas, reducción de sesiones de fisioterapia o el incremento de los tiempos de espera en algunas pruebas médicas. También se producen quejas de no asistencia a mujeres embarazadas que tienen la cobertura de la Seguridad Social, la reducción de cuadros médicos por las compañías, o el hecho de que cada vez haya menos centros hospitalarios donde acudir.
 
Asimismo, señalan el cierre de clínicas, la centralización de servicios en las capitales, imposibilidad de elección de médico dentro del cuadro, peor atención, pruebas que no se realizan por su coste en determinados hospitales, problemas de mantenimiento, reducción de personal sanitario o cobro de medicamentos que en la seguridad social no cobran. Sobre este punto, es preciso recortar que los jubilados deben seguir pagando el 30 por ciento de las medicinas, al contrario de lo que ocurre en el régimen general de la seguridad social. 

CSI-F reclama a la Junta más oferta de empleo y “hechos concretos” que avalen un apoyo real a los servicios públicos en los presupuestos de 2015

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), en el día del debate de las enmiendas a la totalidad sobre los Presupuestos de 2015,  reclama al Gobierno regional 
“más hechos y menos discursos retóricos, si verdaderamente apuesta por el mantenimiento de unos servicios básicos públicos de calidad, algo que exige más recursos económicos para acabar con los recortes, convocar ofertas de empleo público para cubrir las miles de plazas que no se cubren, o devolver al empleado público parte de lo arrebatado en estos últimos años”. Así, CSI-F denuncia que el próximo año la Junta de Castilla y León continuará con los recortes presupuestarios para Enseñanza, mientras dará dos millones más para conciertos educativos con centros privados, pasando de 216 a 218 millones. Una decisión que no se entiende, cuando continúan los recortes de profesorado y de recursos en la enseñanza pública.

CSI-F lamenta la progresiva reducción de los presupuestos de la Junta de 2015 para los servicios públicos básicos, que la oposición socialista ha concretado en unos 2.500 millones menos en lo que va de legislatura. Una reducción que, “inevitablemente, repercutirá en la calidad de esos servicios y en la pérdida de empleo público”. En este sentido, CSI-F remarca que “el mayor esfuerzo realizado por el empleado público evitará que los ciudadanos sufran el deterioro de la calidad de esos servicios, algo que la sociedad debe conocer y valorar”.

Por eso, el sindicato independiente denuncia que la contraprestación de la administración sea más congelación salarial, más carga laboral y menos derechos, después de perder ya un 30% de poder adquisitivo en los últimos años; y a pesar de que la Junta espera que el crecimiento de la Comunidad será del 2,1% el próximo año, por encima del conjunto de España y de la zona euro.

Tras conocer las intervenciones de los representantes del Gobierno regional, en el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de 2105, celebrado en las Cortes este martes,  CSI-F tampoco entiende que si la Junta apuesta por la creación de empleo, no convoque nuevas ofertas de empleo público, necesarias para cubrir las miles de plazas vacantes que se han producido”.  Una primera muestra de voluntad sería convocar las ofertas comprometidas de los años de 2009 al 2011,  y que el sindicato independiente está exigiendo.

"Si como ha dicho, el Gobierno regional  quiere comprometerse con los servicios públicos de calidad, debe acabar con los recortes económicos y de personal, y tiene el deber moral de apoyar a los empleados públicos. El pago completo de la parte devengada de la paga extra de Navidad suprimida en 2012, en la nómina de enero de 2015 es un gesto que se valora, pero es insuficiente, porque todavía faltaría de abonar el 75% restante de esa paga. Asimismo, hay que recordar que el abono de esos 44 días devengados ya los había ganado CSI-F en los tribunales, cuando se acordó con la Junta. Además, el sindicato independiente tampoco olvida que habrá una nueva congelación salarial en 2015", afirma el sindicato.

Y añade que "decir que el ahorro de intereses que logre el Gobierno regional con la reducción del déficit irá a los servicios “es un discurso que queda bien, pero del que los empleados públicos desconfiamos a estas alturas, si no hay decisiones más concretas”, insiste CSI-F, porque la realidad es que las condiciones laborales son peores cada día, según expresaron los propios empleados públicos en la reciente encuesta realizada por el sindicato independiente, en la que la principal demanda era la necesidad de que se cubran las plazas que quedan vacantes".

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